La intensa polémica en torno a la exportación de gas natural, expresada ya en protestas sociales y políticas, sigue este jueves en pie tras un mensaje del presidente Alan García que ratificó la venta, reporta Prensa Latina.

Las críticas a la posición del mandatario contradicen su decisión de desoír los reclamos de detener la venta, a cargo de un consorcio transnacional, para garantizar a largo plazo el mercado interno.

Expertos en la materia contradicen a García y hasta lo acusan de faltar a la verdad al afirmar que la inversión para el proyecto de explotación de los yacimientos de gas sur-andinos de Camisea sólo fue posible y rentable con la mira puesta en la exportación.

El mandatario hizo la aseveración al inaugurar el último año de su mandato quinquenal, en medio de gritos de protesta de parlamentarios del opositor Partido Nacionalista que exigían no vender el gas porque éste debe servir para promover el desarrollo peruano.

El experto en temas energéticos Aurelio Ochoa dijo que García se equivoca, porque el proyecto Camisea estaba ya desarrollado para el mercado interno y contaba con una planta de procesamiento y un gasoducto cuando en 2004 surgió el proyecto exportador.

El consorcio Camisea ha reconocido utilidades de seis mil 176 millones de dólares en seis años de operaciones para el mercado nacional, lo que demuestra que no es necesario exportar para hacer rentable la explotación del gas, añadió.

El jefe de Estado atendió sólo parcialmente las críticas al proyecto, expresadas esta semana en protestas sociales en la región sur-andina y en Lima, y confirmó una renegociación con el consorcio exportador para que las ventas al exterior paguen regalías al menos iguales a las que rinde el gas consumido en Perú.

Ochoa y otros especialistas criticaron al mandatario por respaldar con cifras dudosas, para defender la exportación, que hay reservas suficientes para garantizar el mercado interno a futuro.

De otro lado, los comentarios del mensaje de ayer, Día Nacional de Perú, saludan las cifras macroeconómicas positivas y el compromiso de neutralidad electoral planteados por García, quien convocó a elecciones generales para el 10 de abril de 2011.

Los comentarios incluyen críticas a lo que consideran graves omisiones en temas claves como el descontento de los pueblos nativos ante la observaciones de García a una ley que obliga a las autoridades a consultarles cualquier decisión política, económica o administrativa que los afecte.

Tampoco hubo referencias a los conflictos sociales y los analistas de diversas tendencias consideran que otra carencia fue la falta de anuncios de medidas concretas frente a los graves problemas de corrupción y criminalidad.