El proyecto de Código de Seguridad Vial —actualmente denominado Código de Vialidad y Tránsito—, previsto para ser incluido en la agenda del V periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, convocado para el próximo 1 de agosto, resume exámenes previos de los diputados y casi ocho años de labor de un grupo de expertos de los ministerios del Interior, Transporte, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación y Construcción, quienes estuvieron encargados de la revisión de la legislación vigente.

Como fue informado en diciembre pasado, durante su IV periodo, el máximo órgano de poder estatal acordó diferir la consideración de este proyecto para el siguiente a los fines de continuar analizando la propuesta legislativa.

Su primer artículo, al igual que otros muchos que fueron sucesivamente modificados en las diferentes versiones analizadas exhaustivamente por los legisladores hasta llegar a la que finalmente será sometida a la aprobación del Parlamento, plantea que este Código "tiene como objetivo regular integralmente la actividad vial y del tránsito, establecer sus principios básicos y definir en relación con esta materia las funciones de los ministerios del Transporte y del Interior como organismos rectores de la misma, las responsabilidades de los demás organismos e instituciones, así como la estructura y funciones de las comisiones de seguridad vial que al efecto se constituyen para estudiar asuntos relativos a esta materia, coordinar los esfuerzos de las entidades que en ella intervienen y promover iniciativas".

En los por cuantos propuestos se fundamenta la necesidad de atemperar el texto, vigente desde 1987, en correspondencia con las condiciones actuales de la infraestructura vial y el desarrollo alcanzado en esta actividad, y de acuerdo con los principios y obligaciones derivados de los instrumentos internacionales relacionados con esta materia.

Asimismo se amplía la argumentación sobre la base de la accidentalidad del tránsito, convertida en una de las principales causas de muerte, traumas y lesiones a las personas y de ocasionar cuantiosos daños y pérdidas a la economía; a los cambios en la vialidad debidos a la recuperación y modernización del transporte así como por el crecimiento de la circulación vehicular y de los usuarios de las vías; y a la conveniencia de perfeccionar el sistema de prevención y educación vial de la población y de capacitación de los conductores.

Cecilia Valdés Milián, secretaria de la Comisión de Atención a los Servicios, que junto a las de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, fueron mandatadas por la Asamblea Nacional en diciembre último para organizar el programa dirigido a continuar profundizando el estudio del proyecto, explicó a Granma, que desde entonces se realizaron audiencias y encuentros con diputados y especialistas afines a estos temas en todas las provincias y en numerosos municipios, y se circuló la versión más actualizada a los organismos de la Administración Central del Estado, entre otras consultas, con el objetivo de examinar todas las sugerencias que pudieran incorporarse al texto y perfeccionarlo.