Vázquez precisó que el dispositivo tendrá entre sus cometidos luchar contra la trata de personas ya que, señaló, Uruguay dejó de ser un país de tránsito para transformarse en centro de origen y destino de personas explotadas sexual, comercial o laboralmente.

El funcionario participó de un seminario aquí sobre ese tema junto con autoridades y representantes de la cartera, la Suprema Corte de Justicia, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones.

Rafael Ubiría, fiscal de la Corte, citado por medios locales, precisó que la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños objetos de tráfico desde dentro de la nación hacia zonas fronterizas y turísticas.

Los principales destinos internos son los departamentos de Colonia, Paysandú y Maldonado, en particular durante la temporada de verano.

La fiscal adjunta especializada en Crimen Organizado, Adriana Di Giovanni, por su parte, señaló que esa figura delictiva existe en Uruguay pero en forma silenciosa.

Indicó que los grupos delincuenciales muchas veces actúan en complicidad con los padres en tanto las jóvenes reciben ayuda económica y posteriormente son enviadas principalmente a Europa.

Ese delito fue sancionado en enero de 2008 en Uruguay con la aprobación de la "Ley de Trata de Personas", por la cual se establecieron penas de cuatro a 16 años de cárcel para los responsables de estas actividades.