La congresista Susana Vilca, del Partido Nacionalista, dijo que el tema, por su trascendencia para el futuro energético del país, exige un debate nacional sobre el tema del gas, pues la población debe saber toda la verdad sobre el tema.

De esa manera, indicó, podrán conocerse de las negociaciones, que la oposición considera contraria a los intereses nacionales, entre los gobiernos de los últimos años y el consorcio transnacional que explota el gas de la región sur andina de Camisea.

El planteamiento de Vilca se enmarca en una campaña de organizaciones sociales y políticas y expertos contra la exportación de gas, la cual considera que atenta contra el abastecimiento del mercado interno al comprometer casi la mitad de las reservas probadas, aunque el gobierno dice que el potencial gasífero del país es mucho mayor.

La exportación también es cuestionada porque el consorcio paga tributos sólo por el precio del gas recién extraído, mucho menor que el que pagan los consumidores nacionales, por lo que la venta deja tributos exiguos.

En medio de esa campaña, el gobierno instaló ayer una renegociación con el consorcio Camisea, en busca de que el precio de exportación sea aumentado para que los tributos sean más altos o estos sean directamente incrementados.

El ejecutivo lanzó la semana pasada un decreto que ordena esa negociación, la cual fue recibida fríamente por los ejecutivos del consorcio, según los cuales la exportación es materia de contratos privados imposibles de modificar, por lo que el precio no puede ser cambiado.

La reunión inicial se realizó ayer, a cargo del ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y ejecutivos de la empresa de contratos petroleros, Perúpetro, de un lado, y representantes del consorcio, del otro.

La cita fue breve y nada fructífera, según un diario local, que estima las negociaciones demandarán al menos seis meses, y se limitó a la lectura del decreto que dispone que las regalías por el gas de exportación no podrán ser menores a las que paga el destinado al mercado interno.

El gerente de la transnacional Pluspetro, Roberto Ramallo, dejó, tras la reunión, abierta la posibilidad que el consorcio demande al Estado peruano por lo que llamó intento de modificar unilateralmente el contrato vigente.

El gas destinado al consumo local paga regalías de 1,20 dólares, mientras el de exportación apenas paga 0,16 dólares, en ambos casos por millón de unidades térmicas británicas (BTU), medida convencional.

El bloque social, técnico y político que rechaza la exportación señala que el consorcio opera en condiciones contrarias a la ley y al interés nacional y ha incumplido lo contratado en diversos puntos, por lo que Perú debe aprovechar para recuperar el gas.