La nueva ley de Arizona ha generado polémicas entre la administración del presidente estadounidense, Barack Obama, y el territorio norteño, afirmó hoy el líder de una organización pro inmigrante, reportó Prensa Latina desde Washington.

Tamar Jacoby, presidente de ImmigrationWorks, expresó que el país ya está dividido en dos por esta legislación, tanto que ambos lados no pueden escucharse ni entenderse.

La disputa subió de tono luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara este martes una demanda en el Tribunal de Distrito en Phoenix para objetar la constitucionalidad de la medida.

Para Jacoby la demanda del gobierno sólo atizará las llamas del debate. La Casa Blanca sostiene que la legislación constituye una usurpación de funciones federales pues un estado (del país) no puede establecer sus propias leyes de migración según lo enunciado en la proclama.

Turistas, inmigrantes legales, o ciudadanos estadounidenses que no puedan probar su estatus sufrirán innecesariamente las consecuencias de la aplicación del estatuto firmado por Jan Brewer, gobernadora de Arizona.

Los partidarios de la ley consideran razonable su implementación ante la supuesta inactividad del gobierno frente a la inmigración ilícita.

El 50 por ciento de los estadounidenses encuestados por Today Gallup piensan que las autoridades federales deben concentrarse más en frenar el flujo de inmigrantes indocumentados.