El gobierno boliviano tiene prevista la discusión de un proyecto
de ley con castigos de entre 12 y 20 años por torturas aplicadas por
funcionarios como policías o militares, informó una fuente oficial,
reporta Prensa Latina.
La coordinadora ejecutiva del Instituto de Terapia e
Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia
Estatal, Emma Bravo, a cargo del proyecto, destacó su importancia.
Según su criterio, la norma enfatiza la sanción en torturas que
tienen "la venia o han sido instigadas" por funcionarios del Estado.
Bravo explicó que los delitos de tortura serán imprescriptibles y
tendrán carácter de lesa humanidad cuando se ejerza, desde el
Estado, violencia contra grupos determinados de la sociedad.
El anteproyecto, denominado Ley contra la tortura, trato cruel,
inhumano o degradante y del Mecanismo Nacional de Prevención busca
la prevención, el resarcimiento y la condena de los hechos
tipificados como violatorios de los derechos humanos.
También será creado el mencionado Mecanismo, que tendrá potestad
para ingresar a recintos de la Policía, de las Fuerzas Armadas o de
Migración cuando se obtenga información sobre violación de los
derechos humanos de los detenidos. Bolivia ratificó en el año 2006
el Protocolo de la Convención contra la Tortura y otros Tratados o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de
Naciones Unidas.