La semana pasada, el presidente Barack Obama compartía una típica comida "americana" con el presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev. Entre hamburguesas y coca colas, los dos jefes de Estado sonreían y proclamaban su relación "estable" y "mejor que nunca". Hasta Medvédev envió por Twitter las fotos de su agradable comida con su par estadounidense. No esperaba que días después, la Guerra Fría sería resucitada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy la detención de 10 presuntos "espías rusos", la mayoría de los cuales son estadounidenses acusados de recibir financiamiento del Gobierno ruso para ejecutar operaciones de "inteligencia". Su principal violación es de la ley FARA (Foreign Agent Registration Act–Ley de Registro de Agentes Extranjeros), que regula y monitorea a todo ciudadano o residente estadounidense que recibe financiamiento de un gobierno extranjero para fines políticos o propagandísticos en el país.

Hasta el momento, los 10 detenidos no han sido acusados de espionaje, sino de haber "conspirado para actuar como agentes extranjeros sin estar registrados bajo la ley FARA".

Entre los detenidos, hay una periodista de Nueva York, de origen peruano. Vicky Peláez escribía para El Diario/La Prensa, el periódico en idioma español más leído en la Gran Manzana. Era una de los pocos periodistas hispanos que criticaba las políticas de Washington hacia América Latina, y que buscaba balance en sus reportajes sobre Venezuela y otros países de la región que normalmente son muy criticados en la prensa estadounidense.

Hasta hoy, ninguna organización internacional que defiende a los periodistas y la libertad de expresión, como el Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), o Reporteros sin Fronteras (RSF) ha declarado sobre su detención.

Peláez fue arrestada junto con su esposo, Juan Lázaro, nativo de Uruguay, el domingo en su casa en Yonkers, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Según el Departamento de Justicia, Peláez es acusada de haber recibido dinero de un representante del Gobierno ruso el 14 de enero del 2000, mientras estaba en un país de América del Sur. Presuntamente, su esposo recibió otro paquete de dinero de un agente ruso el 25 de agosto del 2007. Según el expediente, "apenas días después de regresar a Nueva York, pagó casi 8 mil dólares en impuestos que debía" al Gobierno estadounidense.

Entonces, ¿recibió dinero de Rusia para pagar sus impuestos en Estados Unidos?

El expediente entregado por el Departamento de Justicia revela que la sede de inteligencia rusa en Moscú había enviado un mensaje a dos de los detenidos. El mensaje decía que su misión principal era "buscar y desarrollar vínculos con los círculos políticos en EE.UU.", y luego "enviar informes". ¿Alto espionaje?

Agentes del FBI detuvieron a Richard Murphy y a Cynthia Murphy en su residencia en Montclair, Nueva Jersey, el domingo pasado. También fueron arrestados Anna Chapman en Manhattan; Michael Zottoli y Patricia Mills en Arlington, Virginia; Mikhail Semenko en Alexandria, Virginia; y Donald Howard Heathfield y Tracey Lee Ann Foley en su casa en Boston. Están buscando un sospechoso adicional, Christopher R. Metsos, que parece haberse escapado.

Nueve de los 10 detenidos también fueron imputados por "lavado de dinero".

La semana pasada, un documento publicado sobre una agencia estadounidense, National Endowment for Democracy (NED), reveló que de 40 a 50 millones de dólares entregó a grupos políticos en Venezuela que se oponen al gobierno del presidente Hugo Chávez. Según informes desclasificados desde el 2002, distintas agencias estadounidenses y europeas, como la USAID, NED, Freedom House, Departamento de Estado, Comisión Europea y otras, han financiado partidos y grupos políticos en Venezuela para "salir del gobierno de Chávez", incluyendo un intento de golpe de Estado en abril 2002.

No obstante, cuando el gobierno venezolano ha acusado (y no ha arrestado) a grupos e individuos que reciben estos fondos, de ser "agentes extranjeros", el gobierno estadounidense y las "defensoras" internacionales de derechos humanos lo acusan de ser "dictatorial", "represor" y "violador" de los derechos básicos de esas personas que reciben dinero de potencias extranjeras.

La semana pasada, el presidente Evo Morales de Bolivia también acusó a la USAID de financiar actividades de desestabilización en su país, alertando a Washington que su agencia estatal podría ser expulsada del país andino.

En Cuba, Alan Gross, un empleado de una contratista de la USAID, Development Alternatives Inc (DAI), fue detenido en diciembre del 2009 y acusado de espionaje y subversión. Traía equipos satelitales y de alta tecnología al país caribeño para ser entregados a grupos de la contrarrevolución.

En Venezuela, las agencias internacionales parecen estar involucradas en grandes redes de lavado de dinero, junto a sus "socios" venezolanos. Ingresan los millones de dólares en efectivo al país, sin fiscalizarlos, y así eludir los controles sobre el cambio de moneda extranjera que existen en Venezuela para evitar actos ilícitos y fuga de capital.