Actualizado 5:45 p.m., hora local

Velará gobierno paraguayo por aplicación de
ley antiterrorista

El gobierno paraguayo será el primero en presentar un proyecto de modificación o de derogación de la ley antiterrorista que entró en vigor aquí, afirmó este viernes el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, reporta Prensa Latina.

En declaraciones a reporteros, el jurista respondió así a una interrogante sobre las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos y de izquierda de que la recién promulgada normativa sea utilizada para criminalizar las luchas sociales.

Fundamentalmente dependerá de cómo actúen los fiscales, aseveró, y garantizó que si hay una autorización perversa de esta potestad, y con ello se pretende perseguir los derechos humanos, entonces el Ejecutivo intervendrá.

Camacho explicó que siempre la ley está en manos de quienes la aplican, de los operadores jurídicos, en este caso, fundamentalmente de los fiscales y jueces, aunque aclaró que su implementación perseguirá básicamente el lavado de dinero.

La Cámara de diputados de Paraguay ratificó por mayoría el pasado 10 de junio la polémica ley 4024, que tipifica y castiga los delitos de asociación y financiamiento al terrorismo, y establece penas de cárcel de 10 a 30 años.

El documento contaba con el visto bueno del Senado desde el pasado 7 de mayo y fue sancionada como ley especial y no como parte del Código Penal.

La disposición define como actos terroristas aquellos orientados a infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un acto o abstenerse de hacerlo, y pueden ser contra ciudadanos paraguayos o extranjeros, instituciones del Estado y sus miembros en ejercicio y organizaciones internacionales.

Entre los delitos tipificados, menciona varios artículos del Código Penal como genocidio, homicidio, lesiones graves, hechos punibles contra la seguridad de las personas en el tránsito, contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles, sabotajes, entre otros.

De la misma manera, define como financiamiento a quienes provean, solventen o recolecten objetos, fondos u otros bienes destinados o a sabiendas que serán utilizados para la ejecución de actos de terroristas.

Con la aprobación y promulgación de la nueva disposición este país suramericano se suma a las cerca de 180 naciones en el mundo que tienen establecida la ley.

 

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