El gobierno paraguayo será el primero en presentar un proyecto de
modificación o de derogación de la ley antiterrorista que entró en
vigor aquí, afirmó este viernes el asesor jurídico de la
Presidencia, Emilio Camacho, reporta Prensa Latina.
En declaraciones a reporteros, el jurista respondió así a una
interrogante sobre las preocupaciones de organizaciones de derechos
humanos y de izquierda de que la recién promulgada normativa sea
utilizada para criminalizar las luchas sociales.
Fundamentalmente dependerá de cómo actúen los fiscales, aseveró,
y garantizó que si hay una autorización perversa de esta potestad, y
con ello se pretende perseguir los derechos humanos, entonces el
Ejecutivo intervendrá.
Camacho explicó que siempre la ley está en manos de quienes la
aplican, de los operadores jurídicos, en este caso, fundamentalmente
de los fiscales y jueces, aunque aclaró que su implementación
perseguirá básicamente el lavado de dinero.
La Cámara de diputados de Paraguay ratificó por mayoría el pasado
10 de junio la polémica ley 4024, que tipifica y castiga los delitos
de asociación y financiamiento al terrorismo, y establece penas de
cárcel de 10 a 30 años.
El documento contaba con el visto bueno del Senado desde el
pasado 7 de mayo y fue sancionada como ley especial y no como parte
del Código Penal.
La disposición define como actos terroristas aquellos orientados
a infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, y pueden ser contra ciudadanos
paraguayos o extranjeros, instituciones del Estado y sus miembros en
ejercicio y organizaciones internacionales.
Entre los delitos tipificados, menciona varios artículos del
Código Penal como genocidio, homicidio, lesiones graves, hechos
punibles contra la seguridad de las personas en el tránsito, contra
el funcionamiento de instalaciones imprescindibles, sabotajes, entre
otros.
De la misma manera, define como financiamiento a quienes provean,
solventen o recolecten objetos, fondos u otros bienes destinados o a
sabiendas que serán utilizados para la ejecución de actos de
terroristas.
Con la aprobación y promulgación de la nueva disposición este
país suramericano se suma a las cerca de 180 naciones en el mundo
que tienen establecida la ley.