Impuesto sobre transporte terrestre

Mayo quedó atrás y una deuda por delante

PASTOR BATISTA VALDÉS

 Foto del autorLAS TUNAS.— De acuerdo con el corte final, el pago del impuesto sobre transporte terrestre establecido para las personas jurídicas cerró aquí al 95.5 %: resultado que se considera cuantitativamente superior al de la campaña anterior (2009), cuando esta provincia apenas logró el 81.5 %.

Ese incremento en la comparecencia por parte de los contribuyentes, sin embargo, no debe echar a rodar sentimientos de satisfacción, si se tiene en cuenta que al transcurrir los cinco meses concebidos para pagar el tributo un total de 29 empresas, entidades o unidades (el grueso de ellas pertenecientes al sector agrícola) "brillaban" por su ausencia ante las cajas recaudadoras.

Ahora, tal y como se establece para esos casos, tendrán que abonar la cuota correspondiente más un recargo.

Si ese incremento o multa lo pusiera el bolsillo de quienes se despreocupan, incumplen o violan el plazo para el pago del impuesto, las cosas estarían más claras y hasta serían más justas.

Pero no es eso lo que habitualmente sucede.

Resulta fácil imaginar entonces, que a la hora de ajustar y poner en orden las cuentas es sobre la misma empresa y más exactamente aún: sobre el Estado, donde recae el peso de esa innecesaria morosidad.

Ahora bien, si en municipios como el de Majibacoa el 100 % de las personas jurídicas realizan el pago dentro del plazo fijado, ¿por qué otros no pueden hacer lo mismo?

Una situación similar se está presentando con las personas naturales (propietarios individuales particulares).

Según información de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en la provincia, al cerrar el mes de mayo 4 443 tuneros no habían concurrido al banco para realizar el pago correspondiente por concepto de transporte terrestre.

Ello significa que solo el 63,8 % de las personas naturales registradas en el territorio concurrieron a pagar antes de expirar el periodo que la ley establece para tal procedimiento.

Como consecuencia de esas irregularidades, el Estado cubano deja de ingresar a tiempo grandes sumas de dinero en toda la nación, mientras paralelamente se expresa a instancia social una forma de indisciplina incompatible con la cultura tributaria y económica a que está aspirando Cuba en las complejas circunstancias que hoy atraviesa el país.

Es obvio que en este terreno hace falta una mayor conciencia individual. Y es también indiscutible que, donde no la haya, muy bien vendría hacer girar un poco más la tuerca de la exigencia a favor de las agujas del reloj.

Como se conoce, este impuesto grava la propiedad o posesión de vehículos de motor y de tracción animal destinados al transporte terrestre, ya sean personas naturales o jurídicas, cubanas o de otra nacionalidad que, de acuerdo con lo establecido por la ley, deben estar inscritas en el Registro de contribuyentes de la oficina municipal de Administración Tributaria correspondiente al lugar donde radica el domicilio, empresa o entidad.

 

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