LAS
TUNAS.— De acuerdo con el corte final, el pago del impuesto sobre
transporte terrestre establecido para las personas jurídicas cerró
aquí al 95.5 %: resultado que se considera cuantitativamente
superior al de la campaña anterior (2009), cuando esta provincia
apenas logró el 81.5 %.
Ese incremento en la comparecencia por parte de los
contribuyentes, sin embargo, no debe echar a rodar sentimientos de
satisfacción, si se tiene en cuenta que al transcurrir los cinco
meses concebidos para pagar el tributo un total de 29 empresas,
entidades o unidades (el grueso de ellas pertenecientes al sector
agrícola) "brillaban" por su ausencia ante las cajas recaudadoras.
Ahora, tal y como se establece para esos casos, tendrán que
abonar la cuota correspondiente más un recargo.
Si ese incremento o multa lo pusiera el bolsillo de quienes se
despreocupan, incumplen o violan el plazo para el pago del impuesto,
las cosas estarían más claras y hasta serían más justas.
Pero no es eso lo que habitualmente sucede.
Resulta fácil imaginar entonces, que a la hora de ajustar y poner
en orden las cuentas es sobre la misma empresa y más exactamente
aún: sobre el Estado, donde recae el peso de esa innecesaria
morosidad.
Ahora bien, si en municipios como el de Majibacoa el 100 % de las
personas jurídicas realizan el pago dentro del plazo fijado, ¿por
qué otros no pueden hacer lo mismo?
Una situación similar se está presentando con las personas
naturales (propietarios individuales particulares).
Según información de la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT) en la provincia, al cerrar el mes de mayo 4 443
tuneros no habían concurrido al banco para realizar el pago
correspondiente por concepto de transporte terrestre.
Ello significa que solo el 63,8 % de las personas naturales
registradas en el territorio concurrieron a pagar antes de expirar
el periodo que la ley establece para tal procedimiento.
Como consecuencia de esas irregularidades, el Estado cubano deja
de ingresar a tiempo grandes sumas de dinero en toda la nación,
mientras paralelamente se expresa a instancia social una forma de
indisciplina incompatible con la cultura tributaria y económica a
que está aspirando Cuba en las complejas circunstancias que hoy
atraviesa el país.
Es obvio que en este terreno hace falta una mayor conciencia
individual. Y es también indiscutible que, donde no la haya, muy
bien vendría hacer girar un poco más la tuerca de la exigencia a
favor de las agujas del reloj.
Como se conoce, este impuesto grava la propiedad o posesión de
vehículos de motor y de tracción animal destinados al transporte
terrestre, ya sean personas naturales o jurídicas, cubanas o de otra
nacionalidad que, de acuerdo con lo establecido por la ley, deben
estar inscritas en el Registro de contribuyentes de la oficina
municipal de Administración Tributaria correspondiente al lugar
donde radica el domicilio, empresa o entidad.