Alexandra Ocles, secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana de Ecuador, destacó hoy que la Cumbre de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
intentará potenciar a las poblaciones originarias.
En declaraciones a la prensa en Quito, la funcionaria definió la
necesidad de articular la gestión pública de las autoridades
indígenas y los afroamericanos, como objetivos centrales de la cita
que se inicia este jueves en Otavalo, a 110 kilómetros de la capital
ecuatoriana, informa un despacho de la agencia Prensa Latina.
También la constitución, en principio, de una Comisión de
autoridades de varios países y la creación de un Consejo de
Indígenas Afrodescendientes dentro del ALBA, figuran entre los
cometidos del encuentro.
Para este se convocó a unos 300 representantes de naciones
integrantes de ese mecanismo de concertación regional, dijeron los
organizadores.
El racismo y la discriminación, la gestión de los recursos no
renovables, el quehacer público y el diseño de la política estatal,
el cambio climático y el tratado de comercio entre los pueblos,
serán los temas a debate en las mesas de trabajo previstas.
Queremos identificar algunas líneas políticas comunes que nos
permitan encontrar esos nuevos modelos de espacios, ocupados hoy por
otros actores o movimientos sociales y que hay que cuidar,
visualizar y aglutinar, dijo Ocles.
Para el viernes 25, la cita, a nivel de jefes de Estado, tendrá
como sedes el Coliseo Francisco Páez, la escuela Valle del Amanecer
y otros escenarios de la ciudad andina.
Creada en diciembre de 2004 en La Habana por iniciativa de los
presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, el ALBA se amplió más tarde
y devino indiscutible actor de los importantes cambios regionales
que hoy acontecen.
Los ingresos de Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Dominica, San
Vicente y Granadinas, Antigua y Barbudas y Honduras, fortalecieron y
ampliaron el mecanismo.
Esta última se desgajó más tarde del ALBA tras el golpe de estado
derechista con apoyo de Washington, perpetrado el 28 de junio de
2009 contra el mandatario Manuel Zelaya.