SANTIAGO DE CHILE, 23 junio.— La represión en Chile es aplicada
contra trabajadores, estudiantes y mapuches que exigen cambios,
denunció la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), que entregó hoy
su informe 2010 al gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Al conmemorarse este miércoles el Día Internacional Contra la
Tortura, dirigentes de la CECT depositaron en el palacio de La
Moneda su informe, titulado Tortura y Chile en sus 200 años.
En su introducción, sostiene que el actual sistema
socio-económico excluye del acceso a bienes y servicios
fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y
mantenido recurriendo a la represión estatal .
Entre las denuncias, destaca la aplicación de la Ley
Antiterrorista (1984), la utilización de la tortura en las
detenciones, tratos inhumanos a menores y la vigencia de la
impunidad por los asesinatos de mapuches, como el caso del comunero
Jaime Mendoza Collío, muerto por la espalda por un Carabinero.
Actualmente hay 57 presos políticos mapuches procesados o
sentenciados por Ley Antiterrorista, según la CECT, que resalta
especialmente el encarcelamiento desde hace tres años de la lonko (dirigenta)
Juana Calfunao, fundadora de la organización.
El informe, de 70 páginas, incluye denuncias de persecución de
periodistas extranjeros y artistas visuales chilenos, como la
cineasta Elena Varela, recientemente absuelta luego de seis años de
acusaciones falsas y detenciones arbitrarias.
El documento señala que similar situación ha afectado, entre
otros, a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de
diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de
colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto
domiciliario y el arraigo nacional .
Por otro lado, la Comisión criticó también las deficientes
condiciones al interior de las cárceles, dijo PL.
La CECT, que incluyó numerosos anexos de diversas organizaciones
defensoras de los derechos humanos y testimonios de casos de
tortura, llamó -ante los 200 años de vida republicana- a derogar la
ley de auto amnistía de la dictadura (de Augusto Pinochet) .
Asimismo, pidió castigo para los agentes del Estado involucrados
en graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, la
desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de
prisioneros.