El ministro de Autonomías y Descentralización de Bolivia, Carlos Romero, aseguró este lunes que una ley marco sobre ese régimen será aprobada en el plazo previsto.

De acuerdo con Romero, la nueva Constitución, vigente desde febrero de 2009, establece hasta el próximo 22 de julio para que esa norma sea sancionada en el legislativo y promulgada por el Ejecutivo.

Lo mismo pasa, recordó, con las leyes del Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional, del Órgano Judicial y del Órgano Electoral Plurinacional.

Al respecto, precisó a Prensa Latina que esta semana remitirá el proyecto de 150 artículos a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La autoridad calificó de falacia el argumento de partidos adversarios, como Plan Progreso para Bolivia, de que el Ejecutivo pretende postergar el tratamiento de esa norma por no perder las competencias en temas estratégicos como tierras y recursos naturales.

Ese tema ya está en la Constitución y el proyecto de Ley Marco incluye ese aspecto. Además, la Ley Transitoria ya otorga amplias facultades y competenciales a los gobiernos departamentales, remarcó.

El pasado 24 de mayo, el presidente boliviano, Evo Morales, promulgó la Ley Transitoria para el funcionamiento de los gobiernos departamentales autónomos, avalada en el Legislativo tras intensos debates.

Morales señaló entonces que la norma permite el traspaso de competencias a las nueve regiones autónomas del país y también en el territorio de El Chaco (Tarija) y las localidades indígenas originarias.

La ley otorga a las regiones unas 36 competencias exclusivas.

Esa iniciativa posibilita además llenar los vacíos administrativos económicos, contables e institucionales durante el traspaso de las antiguas prefecturas a las nuevas gobernaciones y regular la transferencia de activos y pasivos.

Tal normativa contribuye a tener una transición ordenada sin vulnerar el ordenamiento jurídico vigente y da estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 300 de la carta magna.

Ese artículo permite que la autonomía departamental pueda recurrir a competencias exclusivas, entre ellas las facultades para crear impuestos.