Fidel dijo en una ocasión que los que no quieren buscarse problemas, los tolerantes, los que congenian con lo mal hecho, son los que más daño hacen a la Revolución. Por ello, la impunidad ante estos sucesos es lo más desmoralizante que puede ocurrir en una sociedad.

La falta de angulares en las estructuras pone en riesgo su estabilidad, incluso en condiciones meteorológicas normales.

Pretender actuar por encima o al margen de la ley, fomenta un ambiente dañino de tolerancia, en lo que ha incidido también la falta de actuación enérgica de las autoridades.

Así ha sucedido con el robo y desvío de materiales en los cuales incurren ciudadanos que —para satisfacer egoístamente sus intereses personales—, han dañado y sustraído recursos del patrimonio estatal, acciones que ponen en riesgo la vida de otros ciudadanos y sabotean servicios esenciales para la población y la economía nacional.

Tales conductas vandálicas se reiteran sistemáticamente en los últimos tiempos, en sucesos como la depredación de los angulares de las torres de alta tensión; de cables eléctricos o telefónicos así como de los rieles y traviesas de líneas férreas, por solo mencionar algunos hechos.

La armazón de este garaje fue construida con angulares, los cuales son señalados por las flechas que aparecen en la imagen.

Los medios sustraídos se utilizan para la instalación ilegal del servicio eléctrico; la fabricación —con destino al mercado negro—, de camas, colchones, ventanas, rejas y corrales. Se destacan también la construcción de casetas para guardar implementos agrícolas, garajes para vehículos, construir partes de carretones o hacer cercas, entre otros. Son todas acciones de personas inescrupulosas que para nada tienen en cuenta los daños materiales que ocasionan a la sociedad.

Difícilmente puedan contabilizarse con exactitud las pérdidas económicas ocasionadas por esta depredación sobre las instalaciones y redes del servicio eléctrico a lo largo y ancho del territorio nacional. La realidad constata que urge elevar la prevención, el control y la severidad de las medidas penales y administrativas, en aras de reducir estos delitos que en muchas ocasiones afectan la seguridad nacional. Es preciso incrementar la exigencia de las administraciones de la organización eléctrica, para lograr un control y vigilancia más eficientes sobre los recursos confiados.

Gran parte de las torres que sucumben ante fenómenos climatológicos han sido víctimas de saqueos con anterioridad.

PELIGROS Y DAÑOS

Desde enero del 2005 hasta diciembre del 2009 se iniciaron 461 procesos penales contra 780 ciudadanos que incurrieron en estas fechorías —lo mismo como autores directos del daño a las torres que como receptadores—. Las provincias de Holguín, Villa Clara y Santiago de Cuba son las de mayor afectación, con el 46% del total.

Sin embargo, las sanciones y medidas aplicadas, entre las cuales se incluye el decomiso, no han sido lo suficientemente disuasivas; a nada parecen temer los infractores, ni siquiera a los peligros de alta tensión a que se exponen —más de uno ha perdido la vida—, al manipular los cables eléctricos de las torres o escalarlas para robar sus angulares.

Este bandidaje provoca cuantiosos daños económicos y materiales al país, lo cual obliga, entre otras cosas, a incurrir en gastos no previstos para reponer lo sustraído. A los daños materiales ocasionados directamente en las empresas de la Unión Nacional Eléctrica (UNE) de los diferentes territorios, se adicionan los perjuicios provocados en otras tantas tareas productivas y de servicios. Solo en el 2009, se reportaron daños económicos por más de 5 millones de pesos y algo más de 254 000 en divisas convertibles.

Aun cuando la Ley contempla el decomiso de los medios construidos con los materiales sustraídos, no siempre se cumple con esta medida. En la fotografía se muestra un corral hecho con angulares.

La gravedad de las averías no pasa inadvertida, y aunque la Unión Eléctrica no dispone de cifras exactas de la cantidad de torres que han sucumbido durante fenómenos climatológicos y que presentaban desperfectos técnicos provocados por el robo de algunos de sus elementos, a juicio de operarios y jefes de experiencia, gran parte de ellas casi siempre han sido víctimas de saqueos con anterioridad.

El 24 de agosto del 2006, por ejemplo, durante tres horas toda la capital, Pinar del Río y parte de la provincia de La Habana, permanecieron a oscuras.

La investigación en torno a esos hechos corroboró que la avería tuvo su origen en la ruptura de un conductor, dañado meses atrás como consecuencia de la caída de dos torres que no pudieron resistir vientos moderados, ambas tenían sus estructuras incompletas a causa del robo de varios angulares.

Pruebas presentadas en el año 2007 durante un juicio realizado en la provincia de Matanzas, demostraron que los daños provocados por un temporal en cuatro estructuras de esa localidad, tuvieron su origen en la falta de angulares. Producto de la caída de las torres, unas 250 000 viviendas de la región occidental permanecieron sin energía eléctrica durante cuatro días.

Los gastos por las reparaciones ascendieron a más de 600 000 dólares y 150 000 pesos, aparte de la consiguiente movilización de operarios de otras provincias para solucionar el percance en el menor tiempo posible.

Según reseña un material publicado por nuestro diario en el 2007, los implicados en esta fechoría recibieron sanciones de privación de libertad de entre seis y ocho años. También fueron sancionados los receptadores de los elementos sustraídos, decomisándose los artículos elaborados a partir de ellos.

DEPREDADORES EN LAS ALTURAS

La enorme estructura metálica se eleva unos 30 metros. A pesar de la imponente composición de las torres y la certeza por parte de los especialistas de su capacidad para resistir vientos sostenidos de hasta 40 y 45 metros por segundo, su estabilidad mecánica "pende de un hilo" cuando le sustraen algunos de sus componentes.

"La existencia de los angulares en las torres les proporciona estabilidad al ser afectadas por la acción de los vientos. Si faltan, disminuye en gran medida su capacidad de resistencia, volviéndose mucho más vulnerables, incluso en condiciones meteorológicas normales", explica Yoan Martín Álvarez, director de Seguridad e Inspección de la UNE.

Según precisiones de la Unión Eléctrica, los primeros casos apenas se circunscribían a un reducido número y con moderados efectos económicos, pero a partir de 1999 comenzaron a incrementarse.

Datos publicados por nuestro diario en el 2007, señalan que en el año 2004 un total de 2 193 angulares fueron sustraídos de la red eléctrica nacional, cifra que pese a la vigilancia y las medidas tomadas al respecto decreció muy poco en los años siguientes, hasta el 2006.

"No obstante, los efectos continúan ocasionando graves deterioros a la economía nacional, extendiendo los costos mucho más allá de los números", precisa Martín Álvarez.

"El problema no solo radica en el precio del angular perdido, sino que para reponerlo es necesario, además, vincular una brigada de linieros, con lo cual se incurre en el gasto de equipos, salario, recursos. Lo peor de todo es que al faltarle angulares a una sola estructura esta se debilita, y puede caerse con mayor facilidad y arrastrar consigo otras armazones, dañando el sistema electroenergético", señala.

Cuando una torre se cae es muy poco lo que puede reutilizarse de ella, pues se deforma y casi siempre es necesario reconstruirla. Tengamos en cuenta que, según precisa el directivo de la UNE, el costo de una torre oscila entre los 10 000 y 110 000 dólares, en dependencia de sus características.

"Para incrementar el control en las torres, la Unión Eléctrica lleva a cabo un grupo de medidas entre las que sobresale la instauración —desde el 2006—, de más de 200 ‘celadores’ encargados de inspeccionar las estructuras para identificar si le falta algún angular y reportarlo —esto no sustituye el celaje técnico que realizan las brigadas de linieros—", explica el director de Seguridad e Inspección de la UNE.

"Otra de las medidas ha sido soldar todos los tornillos y tuercas que unen los angulares a las torres hasta la altura de seis metros, sin embargo tampoco esto pone coto a las acciones delictivas, pues se han efectuado robos por debajo de esta altura picando los tornillos, incluso, en ocasiones, roban por encima de los seis metros, arriesgando sus vidas", asegura Martín Álvarez.

Todas estas acciones son convenientes y necesarias, pero el gasto en el que incurre el país para cubrir los salarios de los celadores y capacitarlos, así como para soldar los angulares de las más de 7 000 estructuras existentes, se vuelve una pesada carga.

Sin embargo, la UNE no debe ignorar que tiene responsabilidad en estas vandálicas acciones por la falta de supervisión, en particular por los materiales en desuso que dejan desprotegidos por largos periodos y sirven de pretexto al bandidaje.

El pasado año, por ejemplo, en el municipio de Güines, provincia de La Habana, concluyó un proceso de investigación realizado por la sustracción de una gran cantidad de angulares a tres torres de alta tensión que estuvieron abandonadas, luego del paso de un ciclón por la zona unos años atrás.

Quienes se apropiaron de los angulares, así como testigos del lugar, aseguraron que las torres permanecieron completamente abandonadas después de que los trabajadores de la UNE armaran las nuevas estructuras. ¿Cómo es posible que los propios afectados por el robo de estos elementos permanezcan impasibles ante semejantes sucesos?

La insuficiencia en la supervisión y el control por parte de la Unión Eléctrica sobre muchos de sus recursos, es una de las causas que facilita el saqueo a las diferentes estructuras, sobre todo cuando permanecen desprotegidos materiales en desuso. Incide, además, el incumplimiento de los celadores al realizar sus funciones, ya que las visitas no siempre se ejecutan con la periodicidad o la calidad necesarias.

Por otra parte, subsiste el incumplimiento de los convenios y contratos de vigilancia suscritos por diferentes empresas y entidades; deficiencia en el sistema de vigilancia de muchos territorios al igual que demoras para comunicar evidencias de robo.

Solo estos ejemplos bastan para ilustrar la realidad de que también la indolencia de ejecutivos administrativos lacera las buenas prácticas y puede dar al traste no solo con las medidas adoptadas para contrarrestar estos daños, sino que mella la credibilidad y el respeto que debe sentir la población por estas labores.

MAYOR SEVERIDAD Y PREVENCIÓN

Si bien es cierto que las medidas de vigilancia al poner en funcionamiento el trabajo de los "celadores" y las sanciones penales benevolentes que fueron aplicadas han servido como factores disuasivos, no han detenido la ocurrencia de estos hechos.

Como nos explicó Osiris Martínez López, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba, "estos ilícitos pueden ser sancionados por delitos como Estragos, Robo con Fuerza, Hurto o Sabotaje, previstos en el Código Penal, para imponer sanciones acordes con la magnitud de los daños ocasionados.

"Las sanciones previstas en la Ley pueden llegar a ser hasta de 20 años en caso de considerarse como una acción de sabotaje. Se contempla, igualmente, el decomiso de los bienes sustraídos y la confiscación, incluyéndose el pago de los daños o perjuicios ocasionados por estos hechos", expresa.

Pero lo cierto es que las sanciones de los procesos penales no han estado en consonancia con la gravedad de los hechos y los daños causados. Resulta más desconcertante todavía que cuando concluyen las investigaciones, y el tribunal decide que las instituciones correspondientes procedan a decomisar los artículos fabricados a partir de estos elementos, no siempre se materializa el cumplimiento de esta medida.

De modo que debe ser perfeccionado el enfrentamiento a los efectos de evitar la impunidad e incrementar la exigencia. Corresponde al MININT y a la Fiscalía investigar exhaustivamente no solo las responsabilidades de los autores directos, sino agotar todas las acciones investigativas para determinar los incumplimientos legales en los cuales pudieran haber incurrido los encargados de asegurar la debida protección a las instalaciones.

Apremia, además, incrementar el control de las solicitudes de sanciones a los acusados para que estas contemplen la severidad que requieren tales delitos, valorando los daños materiales ocasionados no solo por el grado de afectación que producen a la economía del país, sino por la totalidad de los perjuicios, aplicando el decomiso y la confiscación de los bienes, ya sea por la vía penal o administrativa.

Si no hay una mayor severidad por parte de las instituciones encargadas de imponer el orden para eliminar estos actos delictivos, no habrá prevención ni compromiso de participación popular en su enfrentamiento.