El proceso electoral en México continúa este miércoles bajo las tensiones del escándalo asociado a la formal prisión dictada contra un candidato a gobernador y el conflicto que plantea la infiltración del crimen organizado en la política, reporta Prensa Latina.

Aunque ayer un juez en el estado de Nayarit emitió auto de formal prisión contra Gregorio (Greg) Sánchez por ser presunto responsable de lavado de dinero, delitos contra la salud y delincuencia organizada, los defensores insisten en que el candidato a gobernador por Quintana Roo es inocente.

Mientras el gobierno federal asegura contar con evidencias para procesar a Greg Sánchez, el abogado Eduardo Luego reiteró en declaraciones a la prensa que posee una estrategia de defensa para litigar el asunto de su cliente en la arena electoral.

Según el diario La Jornada, Luego consideró que la medida dictada por el juez confirma un ejercicio abusivo del derecho penal con fines políticos.

El Instituto Electoral Federal anunció que están en marcha los trámites para retirar del padrón electoral a Greg Sánchez, postulado por una alianza entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT).

Hasta el momento la coalición PRD-PT-Convergencia no ha informado si optará por un nuevo aspirante a la gobernatura de Quintana Roo, con sufragios fijados para el próximo 4 julio.

El caso de Sánchez avivó la polémica pública acerca de las relaciones entre el crimen organizado con políticos e instituciones públicas en el país.

Para el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, José Luis Ovando, el principal reto es garantizar que los venideros comicios generales de 2012 también haya un proceso libre de actividades ilícitas en las campañas electorales.

En 2009, el país tuvo un nivel razonable de blindaje contra la penetración de la delincuencia y esa experiencia debe repetirse en los sufragios de este año, aseguró el legislador, citado por el rotativo Milenio Diario.

México realizará en 2010 votaciones en 15 de sus 31 estados, un proceso que comenzó en mayo y se extenderá hasta noviembre venidero.