En una mirada retrospectiva, el mes de agosto del 2002 parece una fecha lejana en la más reciente historia de guerras, torturas y demás violaciones cometidas en cualquier parte del mundo por soldados o agentes pagados por los gobiernos de Estados Unidos.

Fue en ese mes y año cuando el ciudadano mauritano, Mohamedou Ould Salahi, puso sus pies como reo en la cárcel de la ilegal Base Naval de Guantánamo. Se le catalogaba entonces como el "detenido de más alto valor".

Tal calificativo tenía su base en una simple sospecha de supuestos vínculos con Al Qaeda. Por ello fue arrestado en su país el 20 de noviembre del 2001, por agentes de Estados Unidos, que luego lo condujeron ilegalmente a Jordania, donde lo tuvieron ocho meses sometido a interrogatorios y torturas, hasta ser trasladado a Bagram, la cárcel militar norteamericana en Afganistán y, finalmente llevado a la cárcel de Guantánamo, convertida en campo de concentración por la administración Bush.

Sus captores no necesitaban pruebas y por eso, en su nueva "morada" el reo sufrió todo tipo de tormentos: aislamiento total por meses, reclusión en una celda a muy bajas temperaturas, encadenado al suelo, privado de alimentos, obligado a beber agua con sal, entre otras.

Además de recibir amenazas de muerte, le advirtieron que llevarían a su madre hasta esa instalación carcelera para que fuese violada frente a él por un grupo de soldados, si no testificaba.

Terminada la "pesadilla Bush", el año pasado un Comité de los Servicios Armados del Senado estadounidense documentó todas esas torturas. Entre otros elementos se contaba con el informe del teniente coronel de la Marina, Stuart Couch, fiscal al que originalmente se le asignó la tarea de acusar a Salahi en las comisiones especiales militares, que juzgan a los "sospechosos de terrorismo". Couch concluyó que las confesiones del mauritano estaban tan influidas por la tortura que no era ético usarlas en su contra.

El militar dijo a sus supervisores que se "oponía moralmente" al trato que recibió Salahi y que se negaba a participar de su procesamiento.

La propia Fiscalía ha reconocido que Salahi había sufrido torturas físicas y mentales durante sus interrogatorios.

Recientemente, con todos estos elementos, el juez de distrito James Robertson determinó que el gobierno estadounidense carece de pruebas válidas para mantenerle preso. Es decir, que debía ser liberado.

Sin embargo, la posible absolución para el mauritano, todavía es parte de un destino incierto, y así lo refleja la agencia IPS, cuando en su reporte, desde Nueva York, dice que "legisladores republicanos de Estados Unidos instaban al gobierno de Obama a que apelara la decisión de un juez federal que ordenó la liberación de ese prisionero".

La arremetida republicana se produce en momentos en que el magistrado federal de distrito James Robertson concluyó que Washington no podía seguir manteniendo detenido a Mohamedou Ould Salahi, y la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) y abogados privados habían cuestionado su detención, mostrando que el gobierno no contaba con evidencia confiable que lo inculpara como miembro de Al Qaeda.

"El caso de Salahi es una desgracia nacional: víctima de una entrega extraordinaria, torturas brutales y ocho años de detenciones arbitrarias sin acusación ni evidencia confiable ni creíble", dijo a IPS Jonathan Hafetz, del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.

Se conoce como "entrega extraordinaria" al mecanismo empleado por Washington para capturar a "sospechosos de terrorismo" y sin pasar por tribunales, transferirlos a terceros países, en los que por lo general son torturados, según activistas, señala la propia agencia.