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Amazónicos peruanos rechazan licitación petrolera

LIMA, 18 mayo.— Organizaciones indígenas amazónicas rechazaron hoy la oferta gubernamental 25 nuevas zonas de filiación petrolífera, en su mayoría ubicados en la selva, para su exploración y explotación por transnacionales.

La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) calificó como un atentado a los pueblos nativos el concurso, anunciado la semana pasada por la empresa estatal de negociaciones petroleras (Perúpetro), dijo PL.

Un pronunciamiento de Aidesep fustigó en particular al presidente ed Perúpetro, Daniel Saba, quien informó que la licitación será promovida desde hoy en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Colombia.

Según Saba, las empresas que ganen los lotes ofrecidos tendrán que hacer una inversión inicial de mil 250 millones de dólares para explorarlos en busca de gas y petróleo.

El presidente de la Organización de Estudiantes Indígenas de la Amazonía Peruana, Wagner Acho, dijo que la licitación forma parte de un proceso de entrega del territorio selvático a las transnacionales.

Llamó a las organizaciones regionales y populares de la región nororiental de Loreto a enfrentar el problema, porque en corto tiempo toda la a Amazonía estará en manos de intereses extranjeros.

Según Acho, las poblaciones amazónicas de Yurimaguas, Ucayali y Madre de Dios alistan paros generales para rechazar la licitación convocada por el gobierno, mientras el Frente Patriótico de Loreto realizará esta semana una asamblea para analizar el tema.

La reacción de los indígenas puso en cuestión las declaraciones de Saba, en el sentido que la licitación fue consultada a las comunidades indígenas sin que hayan puesto objeciones.

La política gubernamental de entregar concesiones mineras y petroleras sin la conformidad de las poblaciones afectadas genera con frecuencia conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo.

El Congreso debate una ley de consulta para esos casos, reclamada por los nativos, que no están conformes con los proyectos tratados en el parlamento porque no establece la obligatoriedad de contar con la anuencia de los lugareños antes de cualquier decisión que los afecte.

La demanda indígena fue el principal ingrediente de una vasta protesta registrada en 2009 y que registró hace casi un año 34 policías y civiles muertos.

 

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