Altos cargos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, en el
gobierno) refutaron la acusación de fraude electoral presentada por
el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ante
observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), reporta
Prensa Latina.
Las alegaciones del PRD son una muestra de la desesperación ante
su inminente derrota en las urnas el próximo 16 de mayo,
coincidieron en declarar Franklin Almeyda y Héctor Olivo, miembro de
la Comisión Política y director de comunicaciones, por ese orden,
del PLD.
El próximo sábado los dominicanos están convocados a la urnas
para elegir a los 32 senadores y 189 diputados de ambas cámaras del
Congreso, los alcaldes y concejales de los municipios.
Delegados del PRD dijeron a los observadores que sus rivales
utilizan los recursos del Estado para promover a sus candidatos y a
los de sus fuerzas aliadas, además de hacer propaganda proselitista
a través de los medios electrónicos oficiales.
A ello se suma que policías y militares son encargados de la
protección de los candidatos también, por supuesto, con recursos
públicos, y que los miembros del Gabinete han sido designados jefes
de campaña en las 32 provincias del país.
Ni siquiera el presidente de la República, Leonel Fernández,
salió indemne de las formulaciones del PRD, cuyos exponentes se
quejaron de la presencia del primer magistrado en las caravanas
proselitistas en las provincias.
Portavoces desde el Palacio Nacional aclararon a nombre de
Fernández que encabeza esas actividades en su tiempo libre, un
concepto de cierta vaguedad cuando de un jefe de Estado se trata.
Ambas agrupaciones, las principales de la escena política
quisqueyana, han incrementado la acrimonia de sus alegaciones
respecto al otro a medida que se aproxima la consulta electoral,
cuya importancia es doble.
Además del probable control del Legislativo, en los comicios
parciales está en juego la fisionomía de las elecciones
presidenciales programadas para mayo de 2012, a las cuales, por
razones obvias, acudirá con ventaja la agrupación que predomine en
el Congreso.