El presidente de Perú, Alan García, deberá permanecer en el país durante cinco años, tras el fin de su mandato, en 2011, para afrontar posibles juicios en su contra, según un proyecto opositor anticorrupción, reporta Prensa Latina.

La prohibición forma parte del principal de los diez proyectos de ley presentados por el opositor Partido Nacionalista (PNP) en el Congreso, ante una serie de graves casos de corrupción que afectan al gobierno.

De aprobarse la llamada ley de residencia, los ex mandatarios peruanos quedarán impedidos de salir el país en los cinco años siguientes a sus mandatos y tampoco podrán tomar otra nacionalidad, recurso usado para eludir a la justicia.

Otros proyectos del PNP plantean la derogatoria del mandato presidencial y del parlamentario específicamente por delitos de corrupción o por falsear información patrimonial y que ese tipo de delitos sean imprescriptibles.

Según el líder del PNP, Ollanta Humala, hay que evitar que se repita la historia de García quien, dos años después de terminar en 1990 su primer gobierno, partió al exilio y luego se acogió a la prescripción de los cargos de enriquecimiento ilícito que tenía en los tribunales.

El dirigente opositor señaló la necesidad de acabar con el sistema delincuencial instalado bajo el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) y mantenido por las administraciones siguientes de Alejandro Toledo y García.

Añadió que la corrupción hay que combatirla porque el problema no se resuelve con medidas como la licencia en sus cargos, de los dos secretarios generales del gobernante Partido Aprista, Jorge del Castillo y Omar Quesada, envueltos en escándalos de corrupción.

Al respecto, el comentarista Augusto Álvarez Rodrich afirmó que, tras la licencia de sus secretarios generales, el partido gobernante buscará dejarlos impunes con la ayuda de aliados, jueces, fiscales y periodistas complacientes.

Humala dijo también que no importan los problemas internos del aprismo y que lo importantes que Del Castillo, Quesada y otros grandes escándalos sean sometidos a los tribunales.

Señaló que la corrupción desprestigia a la actividad política y aleja de esta a la ciudadanía, lo cual daña a la democracia.

La corrupción es un tema que involucra a todos los peruanos y perjudica sobre todo a los más pobres, agrava el desempleo, causa la emigración de los jóvenes y atenta contra el desarrollo económico y social, aseveró.

El dirigente consideró también como corruptas la escasa participación del Estado en las ganancias generadas por la explotación de riquezas como los hidrocarburos y los minerales, por parte de transnacionales, que operan en condiciones ventajosas por la política económica neoliberal.

Otros proyectos anticorrupción del PNP apuntan a fortalecer a la Contraloría General de la República y eliminar una norma que en 2008 recortó sus atribuciones, y auditar las cuentas del actual gobierno.