Nuevas evidencias que incriminan en un caso de corrupción al secretario general del gobernante Partido Aprista Peruano, Jorge del Castillo, coinciden con la negativa de la organización a tomar medidas al respecto, reporta Prensa Latina.

La mayoría de los medios de información coinciden en que tiende a agravarse la situación de Del Castillo, tras divulgarse nuevas grabaciones de 2008, producto de intercepciones telefónicas, en los que un integrante de una red oficialista de corrupción hace gestiones en su nombre.

Del Castillo era entonces primer ministro y la gestión buscaba favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, de su amigo Julio Vera, con la extensión de un régimen arancelario especial.

En una nueva grabación, el director de la empresa estatal Perupetro, Alberto Químper, pide a una ejecutiva de la misma que incluya el tema en la agenda del directorio, por ser de interés de Del Castillo, a lo que accede su interlocutora.

Previamente se difundió una grabación en la que Químper, actualmente sometido a detención domiciliaria por integrar una red oficialista de corrupción, trata el mismo asunto con el presidente de Perupetro, Daniel Saba.

Del Castillo, que renunció al cargo de primer ministro en 2008 a raiz de sus contactos con miembros de esa red, alega que ayudó al empresario Vera sólo por amistad, pero la legislación peruana prohíbe a los funcionarios públicos hacer gestiones a favor de particulares.

Por otra parte, un canal de televisión desmintió la versión del ex premier, en el sentido de que recibió un lujoso departamento de Vera a cambio de otro de valor equivalente, lo que según afirma es plenamente legal.

La estación entrevistó a un experto en tasaciones inmobiliarias según el cual la propiedad cedida por el empresario tiene un valor superior en cien mil dólares.

La prensa reveló que tampoco tiene sustento la explicación de Del Castillo sobre un depósito de 180 mil dólares en su cuenta bancaria, en 2008, según al cual lo hizo un supuesto comprador de su departamento, al que devolvió el dinero porque ya había permutado el inmueble.

Al hecho que nadie paga por una propiedad sin documentos de por medio, la prensa agregó que el supuesto comprador nunca estuvo en Lima y es ejecutivo de una empresa financiera suiza dedicada a manejar en forma reservada fondos de terceros.

Sobre Del Castillo pesa una denuncia constitucional por violaciones constitucionales y legales que incluyen la posible recepción de un soborno y que fue presentada por el opositor Partido Nacionalista.

Entretanto, los medios divulgan nuevas denuncias de adjudicaciones ilegales de tierras del Estado como la que motivó el pasado viernes la renuncia del otro secretario general aprista, Omar Quesada, a la presidencia de la Comisión de Formalización de la Propiedad (Cofopri).

Ese organismo entregó un terreno de 300 mil metros cuadrados altamente cotizado, por menos de dos mil dólares, a un supuesto dueño ligado al aprismo y acusado de ser traficante de terrenos.

Pese a la delicada situación de Del Castillo y Quesada, los integrantes de la Comisión Política del aprismo Nidia Vílchez, ministra de la Mujer, y Javier Barreda descartaron la posibilidad de que esa instancia ventile el tema o adopte medidas contra los dirigentes.

Sin embargo, el subsecretario general aprista, Wilbert Bendezú, dijo que la citada comisión sí puede separar a los dos líderes cuestionados y señaló que estos deberían tomar antes una decisión al respecto, criterio compartido por otros dirigentes apristas.

Quesada pertenece a una fracción aprista distinta a la de Del Castillo y ambas se unieron en el reciente congreso de la organización, por lo que comparten la secretaría general.