No resulta justo que, después de haber dedicado una vida al cuidado y la educación de sus hijos, algunos padres sean desatendidos por estos, bajo el supuesto argumento de complicaciones de trabajo, lejanía, problemas económicos u otras increíbles razones.

El proyecto Para una sonrisa demuestra cuánto hace la Revolución para atender a nuestros niños en situación de invalidez.

Tal y como establecen el Código de Familia y el Artículo 38 de la Constitución de la República, los padres tienen el deber de asistir a sus hijos y contribuir activamente a su educación y formación integral, mientras los hijos, por su parte, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.

Mas, no siempre sucede así. Durante años el Estado cubano, consecuente con la vocación humanista que le caracteriza, ha venido asumiendo la manutención de miles de personas que son protegidas en hogares de ancianos y casas de abuelos, casas de niños sin amparo filial, u otras instituciones, en las cuales reciben servicios médicos, alimentarios, educacionales, u otro tipo de ayuda, por los cuales pagan un precio casi simbólico, mientras la familia continúa cobrando la pensión que el Estado entrega de manera generosa, algo que resulta injusto e insostenible.

Por ese concepto el país eroga cada año cifras millonarias, que pudieran ser empleadas en otros fines, incluso, en mejorar la atención a quienes en verdad necesitan auxilio.

La conciencia de que nuestra economía no puede continuar asumiendo gastos por encima de sus posibilidades, y la obligación de ser racionales en un tema tan sensible, impusieron el deber de revisar la asistencia social, de acuerdo a lo previsto en la Ley No. 105 de Seguridad Social, aprobada por el Parlamento Cubano en diciembre del 2008.

Loable es el trabajo desarrollado en Villa Clara en la revisión de miles de expedientes, a fin de conocer aquellos casos que ya no necesitan ser asistidos o les era otorgada algún tipo de ayuda de manera inmerecida.

En Santa Clara, por ejemplo, el pasado año recibían asistencia social más de 7 000 núcleos, de los cuales, luego del proceso de revisión integral de todas las prestaciones, solo quedan 3 330, con 5 850 beneficiarios.

Gracias a esa depuración, solo en el municipio cabecera, se dejaron de gastar en los tres primeros meses del año más de 500 000 pesos. En esa reducción influyeron sobremanera la disminución del número de ancianos beneficiados, los cuales poseían familiares obligados, así como de la asistencia social a domicilio, quedando en este último acápite solo 37 expedientes de los 387 radicados con anterioridad, según reconoció Aurora Negrín Jurajuría, subdirectora de Asistencia Social en la capital provincial.

Según la funcionaria, se había abusado un tanto de ese servicio, diseñado solo para ancianos, carentes de familia y que tipificaran por estar encamados o presentaran una movilidad restringida.

La revisión resulta meticulosa, de modo que no haya margen para ninguna injusticia, explica Aurora, quien reconoce lo difícil que resulta la tarea emprendida, en la cual se trata de implicar a la comunidad y a reconocidos especialistas en el tema, ya sea de salud, educación o del Ministerio del Trabajo, entre otros.

Nosotros nos retiramos solo cuando quede probado que la familia está en condiciones de asumir el cuidado del anciano, el enfermo o el discapacitado, entre los principales beneficiados, y que la situación que dio origen a la prestación ya desapareció. Aclara que de ser necesario volver a intervenir para ayudar a cualquier ciudadano que lo necesite, así se hará.

Sobran las muestras de personas que eran asistidas por carecer de cualquier tipo de sostén, mas, cuando la situación resultó analizada a fondo pudo comprobarse que algunos de los miembros de la familia trabajaban, recibían ayuda del exterior, hacían trabajos particulares que aportan a la economía del hogar o tenían determinados ingresos, razones suficientes para que el Estado no incurriera en ese gasto, expresa la subdirectora de asistencia social en Santa Clara.

Otro ejemplo muy común es el de las madres solteras, afirma Aurora. Durante mucho tiempo hemos asistido a muchachas que tuvieron un hijo y supuestamente carecían de ayuda en la casa, sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando investigamos, casi siempre hay un hombre conviviendo con ella, el cual devenga un salario decoroso que mejora la economía familiar.

En ese caso retiramos el apoyo porque creemos que ya desaparecieron las razones causantes de la asistencia. En otros contextos, por iniciativa del municipio, al año y tres meses de nacido el bebé, ofrecemos un empleo a la joven, de modo que pueda encausar su vida futura.

Una situación que favorecerá un mayor control de la actividad, según la especialista, es la revisión periódica de los expedientes, como mínimo cada tres meses, contrario a otras etapas en que se hacía una vez al año. Por esa demora también se escapaban millones de pesos, asegura.

En estos momentos son reevaluadas todas las madres cuidadoras porque en algunos casos se detectó que, en lugar de la mamá, es un familiar o una institución estatal quien atiende al niño, o que el enfermo o el discapacitado mejoró su estado de salud y ya puede asistir a una escuela especial u otra entidad, lo cual permite la reinserción social de la fémina.

Un nuevo concepto comienza a imperar con la aplicación de la nueva ley de Seguridad Social y es que la primera prestación debe ser el empleo a todas las personas aptas para el trabajo, a partir de sus características y limitaciones, facilitando así el derecho a la jubilación y que en el futuro no constituyen una carga para el Estado.

Algunas verificaciones ejecutadas en los primeros meses del año a las Direcciones Municipales de Trabajo de la provincia arrojaron deficiencias en la implementación de lo establecido en la Ley 105 de Seguridad Social causantes de una afectación económica ascendente a 1 490 456 pesos.

Las principales violaciones detectadas se refieren a concesiones indebidas de Prestaciones Monetarias Temporales a personas que no residían en el lugar, la falsificación de la revisión periódica de los expedientes, el pago indebido a asistenciados que no presentaban el estado de necesidad y a otros beneficiarios, a los cuales no se les reevaluaron las condiciones que originaron la ayuda.

También en algunos municipios se pagó indebidamente a personas vinculadas a un centro laboral y a otras en condiciones de incorporarse al empleo o que contaban con familiares obligados en condiciones de hacerlo.

Incluso, algunas personas a las que ya se les había tramitado la baja, continuaron cobrando el subsidio, así como beneficiarios que ejercían actividades por cuenta propia de manera ilegal o se encontraban internados de manera injustificada en instituciones sociales.

Asimismo, fueron detectadas violaciones en la conformación y actualización de los expedientes, entre ellas, la falta de certificados médicos que avalaran la incapacidad del individuo e inexistencia de investigaciones colaterales a los familiares obligados.