Primero fueron los llamados al boicot, luego, los constantes
rumores sobre un posible traslado del torneo debido a retrasos en la
construcción de los estadios y problemas de seguridad.
Hoy, cuando son visibles los resultados de las inversiones en la
infraestructura, tanto deportiva como de transporte, y la reducción
de las cifras de criminalidad, hurgar en viejas heridas, aún por
cicatrizar, parece un último intento desesperado de desacreditar a
los organizadores.
Para esa campaña viene como anillo al dedo el asesinato de Eugene
Terreblanche, dirigente del partido ultraconservador AWB (Movimiento
de Resistencia Afrikánder, por sus siglas en Inglés) y conocido
desde finales de los ochenta por liderar a la minoría que se oponía
al fin del apartheid. Lo que, según fuentes policiales, fue el
trágico desenlace de una disputa del granjero con dos de sus
trabajadores —a los que se negó a pagar el salario—, ha sido
magnificado por los medios y la ultraderecha, dándole al incidente
calculados tintes políticos y raciales dentro de una sociedad
todavía en pleno proceso de reconciliación.
Los seguidores de Terreblanche juraron venganza e incitaron a los
países que participarán en la cita futbolística de junio próximo a
no enviar a sus equipos, alentando la prefabricada tormenta política
(y mediática).
Decenas de militantes del AWB, la mayoría armados, se congregaron
frente a la granja de Terreblanche, en Ventersdorp (noroeste),
portando banderas de la ex república bóer —descendientes de colonos
holandeses, que dominaron el país hasta la caída del régimen
segregacionista. "Nosotros no somos racistas, pensamos simplemente
que cada uno debe estar con los de su raza", dijo el secretario
general de la organización, Andrei Visagie, quien adelantó que sus
afiliados no reaccionarán de manera inmediata, pero que el 1ro. de
mayo decidirán en una reunión cómo "vengar" la muerte.
También se registraron disturbios en las afueras de la Corte en
Ventersdorp, cuando se presentaban los cargos contra los dos
campesinos acusados del crimen.
Ante tales reacciones, el presidente, Jacob Zuma, en una
declaración oficial calificó el homicidio como un acto terrible y
pidió a los sudafricanos "no permitir que agentes provocadores se
aprovechen de esta situación incitando el odio racial".
Otras fuerzas políticas del país se sumaron a su llamado a la
cordura.
Helen Zille, dirigente de Alianza Democrática, principal partido
de la oposición, puntualizó que "ahora más que nunca debemos
resistirnos a la polarización racial y seguir construyendo un
espacio no racial de la gente que quiere un futuro pacífico y
próspero para todos".
El vicepresidente del Instituto Sudafricano de Relaciones
Raciales, Lawrence Sclemmer, advirtió que "no hay ninguna razón para
que estas cosas, por muy trágicas que sean, afecten a la seguridad
de los aficionados o a los jugadores durante el Mundial".
El país anfitrión ya ha dado muestras previamente de su capacidad
organizativa, la última de ellas durante la Copa FIFA
Confederaciones 2009 en las ciudades de Port Elizabeth,
Bloemfontein, Johannesburgo, Pretoria y Rustenburg. Aún así,
continúa siendo centro de atención, cuestionamientos y zancadillas,
y al parecer solo después de terminado el Mundial concluirá una
evaluación tan selectivamente rigurosa.
Mientras se ventilan asuntos que nada tienen que ver con el
deporte, las esperanzas de todo un continente van concretándose en
Sudáfrica, dispuesta a defender su Mundial, y con él hacer realidad
otro de los sueños de Mandela.