Ya varios analistas de la situación política española anticipaban el escenario y no veían otro camino para el todavía senador Luis Bárcenas, el hombre fuerte de las finanzas del Partido Popular (PP) en las últimas dos décadas, que su renuncia definitiva como tesorero y de su militancia partidista, salpicado por la trama del grave caso Gürtel, la red de corrupción más extensa en esa nación europea vinculada a un partido político.

Mariano Rajoy, líder del PP. ¿En dónde quedó la honradez de los populares?

El proceso toma el nombre dado a la investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en febrero del 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción vinculada al PP y encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido traducido al alemán (Gürtel es cinturón), da nombre al caso.

Un total de 43,2 millones de euros fueron defraudados al fisco. Correa y sus compinches lograban, a cambio de favores o dinero, contratos de servicios a dedo de cargos públicos y ejercían de intermediarios entre políticos y empresarios en las adjudicaciones de obras o terrenos.

El zambombazo estalló el martes pasado, tras levantarse el secreto judicial sobre 291 tomos, que detallan una avalancha de comisiones ilegales y contratos amañados, atenazando al núcleo central del PP, que deberá responder por uno de los más graves escándalos de corrupción conocidos en España, haciendo trizas su cacareada imagen de incompatibilidad con la corrupción y de autoproclamado abanderado de un proyecto de regeneración democrática con el propósito de alcanzar el poder a cualquier precio.

Según la prensa española, Bárcenas recibió al menos 1,3 millones en comisiones irregulares, como declaró la policía ante el juez. El sumario describe que el encartado, ¡cuya defensa paga el PP!, cuenta con un patrimonio de millones de euros, adquirido de forma poco transparente para las autoridades españolas de Hacienda.

La trama involucra a una decena de administraciones en cuatro comunidades autónomas a lo largo de más de una década, y toca de lleno a los gobiernos de Esperanza Aguirre (Madrid) y Francisco Camps (Comunidad Valenciana). El sumario recoge la supuesta financiación ilegal del PP valenciano a través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, "El Bigotes". El fiscal del escabroso proceso pide que se impute por ello a cinco empresarios.

A los populares, encabezados por su augusto presidente, Mariano Rajoy, de nada les ha valido la estrategia de vilipendiar a los jueces, fiscales y policías encargados de la investigación durante los largos meses en los que el sumario del caso Gürtel ha permanecido bajo secreto. Los hechos que han comenzado a conocerse a través de su publicación, consolidan la teoría de que el PP se ha financiado irregularmente, mientras se permitía dar lecciones de inmaculada moralidad a las otras fuerzas políticas.

Según fuentes periodísticas, los conservadores han reaccionado al levantamiento del secreto sumarial con la "misma estrategia seguida durante estos meses, fingiendo ponerse a la cabeza de quienes exigen que se conozca toda la verdad y comprometiéndose a actuar con contundencia ante cualquier escándalo futuro. Pero es que no es de un incierto futuro de lo que trata el sumario, como tampoco de un pasado remoto, sino de dirigentes populares, algunos con relevantes cargos electos, que todavía hoy siguen en sus puestos o, peor aún, colocados a resguardo y protegidos por la dirección del partido".

Analistas consideran que cuando, ante hechos como este, y como los descritos en el sumario, el PP proclama que quiere conocer toda la verdad, "lo que está buscando en realidad es eludir su responsabilidad más inmediata y más ineludible, que consiste en dar explicaciones políticas sobre cuánto había venido negando y, a continuación, depurar responsabilidades". ¿Lo hará?