Los miembros del gabinete presidencial estadounidense discrepan
en cuanto a la pertinencia de las tácticas antiterroristas heredadas
de la administración de George W. Bush, informa el diario The New
York Times, reporta Prensa Latina.
Tras realizar entrevistas y revisar informes, el rotativo
encontró que las diferencias son evidentes en torno a la potestad
que se confirió el gobierno para arrestar a personas sospechosas de
terrosismo sin tener cargos en su contra.
A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados
Unidos se permitió detener a personas y mantenerlas encerradas en
cárceles como la de la Base Naval de Guantánamo sin tan siquiera
presentar una acusación formal.
Funcionarios de los departamentos de Estado, de Defensa, de
Justicia y de algunas agencias de seguridad nacional difieren sobre
a quiénes pueden definir como sospechosos de organizar actos
terroristas, según el Times.
Más allá de los problemas legales técnicos, este debate es sobre
la pregunta fundamental de contra quién estamos en guerra, señaló el
profesor de la Universidad de Harvard Noah Feldman, especialista en
asuntos bélicos.
El poder otorgado por Bush al ejecutivo le permitió endosar la
categoría de combatientes enemigos a personas detenidas fuera de la
zona de combate, y propició extremos como querer detener a una
anciana suiza que donó dinero por error al grupo Al Qaeda, recuerda
el diario.