El propietario de los diarios hondureños El Heraldo y La Prensa, Jorge Canahuati Larach, quien representó a la prensa de su país en la última asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pagó la campaña de relaciones públicas en Estados Unidos destinada a legitimar el golpe de Estado, según una investigación del periódico hondureño El Libertador en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU.

En la última asamblea general de la SIP, la asociación de los dueños de los órganos de prensa comercial, en Buenos Aires, Canahuati describió a la prensa de Honduras, donde la policía y el ejército golpeaban y mataban a manifestantes, como víctimas de una serie de "ataques" de los "dos bandos en conflicto, particularmente, de los seguidores de Zelaya".

En Washington, Canahuati compartió la factura de 28 000 dólares de los bufetes de cabildeo con el socio principal del Banco Ficohsa, Camilo Atala, y el presidente de los maquiladores, Jesús Canahuati, ambos también partidarios activos del régimen de Roberto Micheletti.

El Libertador precisa que se averiguaron los nombres y las empresas que financiaron el golpe de Estado contra el presidente Zelaya siguiendo las pistas del Lobbying and Disclosure Act, un registro vigente desde 1995 en Estados Unidos de las acciones de los lobbistas.

"Las firmas contratadas en Washington por los empresarios golpistas hondureños son Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Vision Americas y Cormac Group, a las que los empresarios hondureños pagaron alrededor de 28 000 dólares para que realicen su trabajo de cabildeo ante el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores de Estados Unidos", afirma El Libertador, que precisa que se designa especialmente como lobbistas a Lanny Davis y Adam Goldberg, ambos consejeros del ex presidente Bill Clinton.

En los próximos días, la SIP condecorará a José Miguel Vivanco, director para América de la organización norteamericana Human Rights Watch (HRW), también asociado a la CIA, que se distingue por sus intervenciones agresivas contra los países progresistas de América Latina.

El jefe de la SIP, el director del ultraderechista Diario Las Américas, Alejandro Aguirre, entregará su llamado Gran Premio Chapultepec 2010 a Vivanco, en una reunión que se celebrará en Aruba.

El mismo premio ha sido otorgado en los últimos años a Arthur O. Sulzberger, el dueño de The New York Times Company; Santiago Cantón, de la desprestigiada Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Banco Mundial.

Vivanco, un ex funcionario pinochetista delegado a la OEA que se convirtió en defensor de la versión norteamericana de los "derechos humanos", fue expulsado de Venezuela hace unos meses luego de la presentación de un informe de su organización que difamaba de manera grosera a la Revolución bolivariana.

Vivanco, según un comunicado de la SIP, fue seleccionado por "su destacada labor en defensa de la libertad de expresión".

Antes de aparecerse en la Human Rights Watch, grupo conocido por sus intervenciones paralelas a las del Departamento de Estado norteamericano, Vivanco fue delegado del gobierno chileno pinochetista en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Tras la entrega del premio, señala la SIP, Vivanco participará como expositor del panel Libertad de prensa en Latinoamérica. Su intervención tendrá "particular énfasis en Venezuela", precisa el comunicado emitido desde Miami.

Como siempre, este evento mediático de la SIP, utilizado con fines de propaganda, reunirá a unos de 250 dueños de medios de la prensa comercial con sus acompañantes.

La reunión se celebrará en el lujoso hotel Westin Aruba Resort de Oranjestad, la capital de esta colonia neerlandesa autónoma, al noroeste de Venezuela.

Según los organizadores, se analizarán "de manera exclusiva" las "estrategias y formas de ayudar" a los órganos de prensa de Haití, lo que deja suponer una intervención injerencista.