A las elites puertorriqueñas entronizadas en la cúpula del poder no les basta con el status colonial disimulado bajo el eufemismo legal de un Estado Libre Asociado. Quieren a toda costa —y todo costo— ser yankis.

Luis Fortuño quiere ser yanki.

Un nuevo eslabón acaba de añadirse a la cadena de esa obsesión. La Cámara de Representantes de la isla caribeña, dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), proclamó el 2 de marzo con el pomposo nombre de Día Conmemorativo del Advenimiento de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico.

Escrita en una prosa ampulosa y genuflexa, la resolución de los legisladores proanexionistas, remitida al presidente Barack Obama y a los líderes del Congreso de EE.UU., ruega por que se les considere ciudadanos norteamericanos de primera clase.

Señalan que "nuestra impuesta condición de territorio nos limita en el derecho que debemos tener de participar en la elección del Presidente o Vicepresidente, así como en elegir a nuestros representantes o senadores en el Congreso de los Estados Unidos".

La resolución preludió dos hechos inquietantes: la promoción de la opción anexionista en EE.UU. por parte del gobernador Luis Fortuño, desde noviembre del 2004 en ese puesto, y la visita a la isla de una comisión federal (grupo interagencial) que debe formular propuestas al Poder ejecutivo, a más tardar en el plazo de un año, acerca de la conveniencia o no de introducir cambios en la relación de Washington con San Juan.

Fortuño fue muy elocuente al titular la conferencia impartida en la Universidad de Cornell (Nueva York) El camino hacia la equidad, Puerto Rico, ¿el estado 51? Es un viejo sueño que pretende sepultar no solo las tradiciones libertarias del pueblo borinqueño, sino también destruir una identidad cultural que posee contenidos y continentes bien definidos y que ha resistido más de un siglo de continua erosión.

En cuanto al grupo interagencial, su estancia insular estuvo marcada por el sigilo. De no ser por las voces que desde las fuerzas independentistas señalaron su presencia, la comisión hubiera consumado sus conciliábulos en la sombra, pese a que en su agenda figuró una audiencia pública.

Los primeros interesados en tan bajo perfil eran los personeros del PNP y, desde luego, la Casa Blanca. Unos para controlar la dirección y el tono de las ponencias y arrimarlas a su único objetivo: sumar una nueva estrella a la Unión. La otra, para soslayar el problema de fondo, la persistencia de una condición insostenible.

Sucesivas administraciones norteamericanas durante casi 40 años han hecho caso omiso a la comunidad internacional que en la Organización de las Naciones Unidas, mediante el Comité de Descolonización, se ha pronunciado por la libre determinación del pueblo puertorriqueño.

Como se ha reiterado en ese foro, no se conoce situación alguna en que una nación ejerza sobre otros, poderes tan vastos como los que Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico y aun así sostenga que la relación entre ellos no sea de carácter colonial.

Para colmo durante la administración actual del PNP, se han acentuado los rasgos críticos de la sociedad borinqueña. El economista José Rivera Santana, a partir de datos oficiales, reveló en San Juan cómo entre julio y diciembre del 2009 se perdieron 83 000 empleos, aumentó el índice de precios minoristas en un 3,8%, las quiebras se incrementaron en un 26,3% y los delitos violentos en un 11%.

Ello contrasta, según el citado informe, con las ganancias de las corporaciones norteamericanas que operan en la isla, las cuales en el año alcanzaron $35 200 millones —$2 500 millones más que el mismo periodo precedente—, utilidades por las que pagan una tasa efectiva de contribución sobre ingresos de solo un 2,5 %.

El semanario independentista Claridad puso los puntos sobre las íes al describir la verdadera intención de la visita del grupo interagencial: "Desde mediados del siglo pasado, las distintas administraciones de gobierno estadounidenses han recurrido a variados mecanismos para estudiar la realidad de su colonia en el Caribe y adoptar los mecanismos que le permitieran conjurar explosiones sociales y políticas resultantes del colonialismo. Desde comisiones ad hoc, delegados oficiales o secretos, congresistas, periodistas, académicos, empresarios, agentes policiacos y de inteligencia, Estados Unidos se ha asegurado de distintas formas de estar al tanto de cómo pensamos los puertorriqueños y qué queremos en cuanto a la relación política con la metrópoli. Pero ha optado por hacerse el sordo y asumir una actitud indiferente, como si para ellos Puerto Rico no existiese".