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Turquía protagoniza hoy la mayor operación judicial de su historia
contra las fuerzas armadas de ese país, al ser arrestados 49
oficiales de alto rango acusados de planear el derrocamiento del
gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
Entre los detenidos hay 17 generales retirados, cuatro almirantes
en activo y 28 oficiales de menor grado, los cuales están a
disposición de la justicia como parte de la investigación que se
realiza sobre un supuesto plan de golpe de Estado elaborado en 2003
y cuyo nombre era "Balyoz" (Mazo).
Este complot, revelado el pasado mes por el diario liberal Taraf,
tenía previsto atentar contra dos mezquitas en Estambul, derribar un
avión militar turco en el mar Egeo para forzar un enfrentamiento con
Grecia, y encarcelar a intelectuales críticos con el ejército.
Según la prensa turca, entre los detenidos figuran los
comandantes Ibrahim Firtina y zden rnek, de las fuerzas Naval y
Aérea, respectivamente; y el general etin Dogan, del Primer Ejército
de Tierra, quienes anteriormente fueron acusados de planear diversos
golpes de Estado relacionados con la investigación sobre Ergenekon.
Esta supuesta red de ideología ultranacionalista pretendía
sembrar el caos en Turquía a través de atentados y asesinatos
políticos, para justificar una intervención militar contra el
gobierno de Erdogan.
Los militares presuntamente implicados en el complot Balyoz
desmintieron las acusaciones y expresaron que no se trataba de un
plan golpista, sino de "supuestos escenarios presentados en un
seminario de lucha antiterrorista".
Para algunos analistas, las reformas emprendidas por el gobierno
de Erdogan a partir de exigencias de la Unión Europea para conceder
su ingreso al bloque regional, han incrementado las tensiones con la
jerarquía castrense, que en 2007 presionó para bloquear la elección
del presidente Abdullah Gül.
Entre las transformaciones sobresale la reducción de las
competencias del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo
cívico-militar con gran influencia política antaño, y la eliminación
de diversos protocolos que daban poderes especiales al Ejército.
Aunque la investigación sobre Ergenekon ha sentado en el
banquillo a varios generales, la reforma judicial para que los
militares sean juzgados en tribunales civiles ha sido infructuosa
hasta ahora, en un país donde las Fuerzas Armadas derrocaron a
cuatro gobiernos (1960, 1971, 1980 y 1997)en el último medio siglo.