El presidente Evo Morales llamó este jueves a dignificar la
justicia boliviana en una ceremonia, en la cual juramentó a 13
autoridades del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el
Consejo de la Judicatura.
Morales consideró este día como histórico, pues marca el comienzo
de la descolonización del poder judicial, cuestionado por décadas
por sus manifestaciones de corrupción y dependencia de potencias
extranjeras.
El jefe de Estado instó a los magistrados a dignificar la
profesión incluso desde las Universidades y defender la Patria, como
establece Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de
2009.
Explicó que en cumplimiento de la Ley Transitoria aprobada en el
parlamento que le facultó para nombrar de manera interina a esas
autoridades hasta las elecciones el próximo 5 de diciembre, consultó
a organizaciones sociales y especializadas.
El estadista convocó a los letrados a ser rigurosos con su labor
y sancionar si fuese necesario a miembros del Ejecutivo incluido el
presidente en caso de que se demuestren delitos o irregularidades.
Morales designó este jueves a juristas de reconocido prestigio
para ocupar cinco plazas vacantes en la Corte Suprema, otros cinco
en el Tribunal Constitucional y tres más en el Consejo de la
Judicatura.
Las tres instituciones judiciales enfrentan una crisis por las
vacantes existentes provocadas ante las renuncias de varios
magistrados acusados y demandados por el Gobierno por presuntos
delitos.
Los 13 magistrados que designó Morales ocuparán sus cargos hasta
el 5 de diciembre de este año para dar paso luego a los jueces de la
Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la
Judicatura que sean elegidos en las urnas.
A nombre de los magistrados, Ana María Foster, manifestó que
sabrán cumplir el objetivo de transparentar la administración de
justicia acorde a la Carta Magna.
Estudios oficiales señalan que la justicia boliviana está abatida
por males como la corrupción, la impunidad, la retardación y el uso
indiscriminado de recursos, así como la dilación de procesos.
De acuerdo con esas investigaciones, al menos 429 mil trámites se
realizan bajo sospechas de pagos irregulares en busca de dictámenes
favorables.
En relación con la impunidad, en 2005 se registraron mil 634
denuncias contra funcionarios del Órgano Judicial, entre ellas 603
denuncias de casos que involucraban a jueces.
Otro de los males endémicos de la justicia boliviana es la
liberación de personas acusadas de haber cometido millonarios
desfalcos de dineros estatales mediante acciones de obstrucción y
dilación que les dieron tiempo y espacio para huir del país.
Entre esos casos se encuentra el del ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada (2002-2003) y varios de sus colaboradores, ahora
prófugos en Estados Unidos, Perú y Chile, acusados aquí de
genocidio.