La decisión del fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, de
juzgar en Guantánamo a un joven canadiense por un tribunal militar,
pone en alerta a numerosas organizaciones, reporta Prensa Latina.
El caso de Omar Khadr, detenido en la prisión de la base naval
ocupada en Cuba cuando apenas tenía 15 años, impulsa las acciones de
grupos de derechos humanos.
Estos, refirió el diario The Washington Post, y numerosos medios
de prensa, mantienen quejas permanentes contra el tratamiento
judicial que reciben los niños soldados.
El joven, ahora de 22 años, es el único ciudadano de un país
occidental que permanece en Guantánamo y fue acusado de lanzar una
granada que mató a un miembro de las fuerzas especiales
estadounidenses.
Sobre el caso, los grupos internacionales de derechos humanos han
destacado que el muchacho se encontraba bajo circunstancias
especiales, presuntamente adoctrinado y entrenado por la red Al
Qaeda como un niño soldado.
Por ello reclaman que Khadr en vez de ser condenado debería ser
rehabilitado, indicó el periódico que difundió la noticia.
Según el diario el canadiense se mudó a Afganistán a los 10 años,
junto a su padre, un militante del grupo denominado extremista,
cercano al círculo de Bin Laden.
Su padre, Ahmed Said Khadr, un canadiense de origen egipcio,
murió en 2003 en Paquistán durante un enfrentamiento con las fuerzas
de seguridad del país.
Hace aproximadamente un mes, el representante especial de la
Organización de Naciones Unidas para los niños y los conflictos
armados, Radhika Coomaraswamy, destacó que la postura de esta
institución es que el muchacho no debe ser juzgado por crímenes de
guerra, realzó The Washington Post.
Sin embargo, acotó, el Gobierno estadounidense prevé someterlo a
un juicio militar en la cárcel de Guantánamo el próximo mes de
julio, acusado de crímenes de guerra, incluido asesinato.
El Tribunal Supremo de Canadá igualmente decidió días atrás no
pedir la repatriación del muchacho, pese a que admitió que los
derechos del reo habían sido violados en la prisión ubicada en el
oriente de la isla caribeña.
En tanto, el fiscal general estadounidense ha advertido que el
caso de Khadr es uno de los seis elegidos para ser juzgado por un
tribunal militar y no en una corte federal.