El pasado 4 de enero entró en vigor el Decreto Ley 269 emitido por el Consejo de Estado, que modifica y ajusta límites y derroteros de varios municipios pertenecientes a las 14 provincias del país.

El estudio de los límites territoriales y las investigaciones catastrales y del ordenamiento territorial y urbanístico, efectuado por la Comisión creada por Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 9 de febrero del 2007, evidenció que existen demarcaciones físicas por donde transcurren las rutas actuales que se han perdido, y otras requieren ser modificadas, con el objetivo de coadyuvar a la solución de los problemas que afectan los vínculos de la población con los servicios básicos, y la atención política y administrativa a cada uno de esos territorios.

El Decreto Ley, publicado en la Gaceta Oficial, modifica varios artículos de la Ley número 18, del 28 de junio de 1978, "De los límites territoriales de las provincias y de los municipios", y describe la nueva distribución.

Ciudad de La Habana, por ejemplo, queda de esta manera: "el municipio de Playa cede al de Marianao la zona Minilú; el municipio de Marianao cede al de Playa la zona que comprende la intersección de las calles 60 y 51; el municipio de Boyeros cede al de Marianao el reparto de Puente Nuevo y la zona Norte de la autopista Costa-Costa, al Oeste del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría; el municipio de Boyeros cede al de La Lisa la zona El Morado; el municipio de Plaza de La Revolución cede al de Playa la intersección del Arroyo Mordazo y el río Almendares".

En los casos que las modificaciones de límites territoriales aprobadas por esta legislación, conlleven cambios que afecten la descripción de los domicilios legales de los residentes en esos lugares, la realización de dichos ajustes finalizará antes del venidero 31 de marzo.

Los presidentes de las asambleas locales del Poder Popular correspondientes, en cumplimiento de lo regulado en esta normativa jurídica, impartirán las indicaciones para el traslado de las unidades subordinadas a ellas existentes en las áreas objeto de ajustes, a las similares de los municipios que las reciben, y coordinarán con las instituciones de otro nivel de subordinación para que procedan de igual forma en cuanto a sus entidades. Tal proceso deberá concluir antes de la fecha mencionada.

La Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia queda encargada —en un término de 90 días— de realizar la descripción de los linderos de los territorios que se modifican, así como de editar los mapas correspondientes a los límites señalados.

Uno de los impactos de tales disposiciones —las que fueron previamente discutidas con la población involucrada— fue comentado ayer a la prensa por Ana María Mari Machado, presidenta de la Comisión Electoral Nacional.