Coincidente con la
fecha de vencimiento del plazo, la Fiscalía General presentó
acusaciones contra implicados en un sonado caso de asesinato que
llevó a una crisis política en Guatemala.
El Ministerio Público (MP) hizo efectivos ante un juzgado los
cargos contra ocho de 11 detenidos como presuntos autores materiales
del crimen del abogado Rodrigo Rosenberg, el pasado 10 de mayo en
esta capital.
Pocos días después del suceso fue divulgado un vídeo póstumo del
jurista, en el cual acusaba por lo que pudiera pasarle al presidente
Alvaro Colom y varios de sus colaboradores más estrechos, incluida
la primera dama, Sandra Torres.
Esto llevó a una tormenta política, en la cual los adversarios
del mandatario aprovecharon para incluso exigir su salida del poder,
pero un apoyo mayoritario nacional e internacional condujo al fin de
esa situación. Tanto el MP como la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala aseguran tener pruebas contundentes sobre la
participación de los imputados.
De los 11 detenidos por ese hecho, tres decidieron acogerse a la
novedosa figura de colaborador efectivo de las autoridades.
Sus declaraciones señalaron a dos empresarios farmacéuticos como
autores intelectuales y de quienes recibieron el pago por asesinar a
Rosenberg, pero antes de ser arrestados uno había salido del país y
del otro no se sabe el paradero.
La jueza encargada, Verónica Galicia, anunció ayer el vencimiento
de los tres meses otorgados por ley al MP para reunir pruebas contra
los acusados y mostrarlas en el juzgado.
Además, solicitó protección para ella y demás funcionarios
judiciales que llevan el caso ante posibles represalias.