Bersani, quien es objeto de fuertes presiones, aceptó hablar de una reforma de la Constitución para revisar las funciones del gobierno y del parlamento, pero no para convertir a Italia en un país de corte presidencialista, como pretende Berlusconi.

Estamos dispuestos a discutir, pero estamos en contra de las leyes hechas por una persona. Para nosotros sería una señal maravillosa de distensión debatir sobre un acuerdo de legislación para los jóvenes en el mercado laboral", agregó.

Massimo d Alema, ex primer ministro y padrino político de Bersani, aseguró que "tiene sentido pactar un tejemaneje por el bien del país. Más vale una ley para proteger al mandatario, que aprobar otro proyecto de la derecha (la norma del proceso breve), que salvaría a miles de potenciales delincuentes.

Sin embargo, el Primer Ministro pretende condicionar el diálogo con la oposición al vetar la participación de sus críticos más acérrimos, que según él son "fomentadores de la violencia".

Analistas opinan que el gobernantd intenta sacar provecho de una reciente agresión, y presiona a los líderes de la izquierda para que apoyen las reformas legales propuestas en beneficio propio.

En tal sentido, el partido Unión de Centro ya tomó la delantera y ultima un acuerdo con la derecha sobre el proyecto del denominado legítimo impedimento, una ley que permitiría a Berlusconi evadir los dos juicios pendientes por corrupción, alegando la importancia de sus compromisos institucionales.

Este proyecto de ley le serviría de escudo al Primer Ministro hasta que se aprobara una segunda norma, al estilo de la ley Alfano derogada en octubre por el Tribunal Constitucional, que le concedió impunidad ante la justicia.

Para cumplir con los requisitos de la Corte, la norma tendría esta vez rango constitucional y precisaría del apoyo de los dos tercios del parlamento o de un referéndum.