Ha habido tiroteos entre esos grupos y la policía nacional filipina. Los combates siguen actualmente, afirmó el ministro de Interior Ronaldo Puno.

Según Puno, más de tres mil hombres armados del clan Ampatuan operan en Maguindanao y representan una amenaza para la seguridad.

El jefe de la policía nacional, general Jesús Verzosa, señaló que los choques comenzaron la víspera en el municipio de Datu Unsay.

Los policías- explicó Verzosa- fueron atacados mientras patrullaban la zona en busca de armas ilegales.

Les dispararon y hubo un tiroteo. Al no poder dejar sus posiciones, tuvieron que pedir refuerzos, agregó.

La familia Ampatuan es la principal sospechosa del asesinato el 23 de noviembre pasado de 57 personas, entre ellas políticos, periodistas y abogados, partidarios de uno de sus rivales políticos.

Los militares a cargo de la investigación descubrieron los cadáveres decapitados, mutilados o acribillados a balazos en fosas comunes, asimismo, encontraron a mujeres con señales de haber sido violadas.

Tras la detención de los cabecillas del clan, la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, declaró el sábado último la ley marcial en la provincia para- según dijo- evitar una rebelión.

Andal Ampatuan, miembros de su familia, y otras 58 personas han sido acusadas formalmente de haber planeado una revuelta contra el Estado.

Andal Ampatuan Jr, uno de los hijos del gobernador, se entregó poco antes a las autoridades de Manila, y fue acusado de 25 asesinatos.

La familia está aliada a la mandataria filipina y mantiene el control de la región desde 2001.

El general Raymundo Ferrer, nombrado administrador de Maguindanao bajo la ley marcial, subrayó que los Ampatuan pudieron mantener su ejército privado porque el gobierno los utilizó en la lucha contra los separatistas musulmanes.

El problema es que los milicianos escaparon al control del gobierno. La familia los ha dirigido y los ha utilizado para acciones delictivas, comentó.

El presidente del Senado, Juan Ponce Enrile, aseguró que el parlamento debe decidir si se mantiene la aplicación de la ley marcial en la región de cara a las elecciones presidenciales previstas para mayo próximo.

La medida, que se puede extender hasta 60 días, permite al gobierno detener a sospechosos y revisar viviendas sin una orden judicial.

Es la primera vez en los últimos 30 años que se decreta la ley marcial en territorio filipino. El 21 de septiembre de 1972 el dictador Ferdinand Marcos impuso la medida y la mantuvo hasta 1981.