La necesidad de ingresar a la economía los 51 millones de pesos
que todavía los tuneros no han pagado, hace que junto a la ONAT
intervengan también trabajadores sociales, personal de comercio y
del Banco.
La realidad, sin embargo, demuestra que ese proceso puede
tornarse interminablemente lento si los centros laborales, las
estructuras de la comunidad y la familia no contribuyen también de
manera más activa.
Como explica Julio Quiñones, subdirector de operaciones de la
ONAT provincial, la aplicación del embargo salarial, ayuda en cierto
grado a aumentar el recaudo. Pero ni constituye la única alternativa
posible, ni es suficiente. De hecho, hasta la fecha se ha llevado a
la práctica en 123 casos, cifra bastante discreta si se tiene en
cuenta que el universo de trabajadores deudores asciende a alrededor
de 15 000.
Si en Las Tunas no se han pagado todavía más de 60 000
refrigeradores y unos 2 800 equipos de aire acondicionado —por solo
citar dos ejemplos— ¿a cuánto se remontan entonces las secuelas del
descuido, el descontrol, la indolencia o la irresponsabilidad en el
país?
Cualquier persona con un mínimo coeficiente de inteligencia puede
deducir que estamos hablando de cientos de millones de pesos.
Tampoco hay que ser erudito para entender el provechoso empleo que
se le pudiera dar a ese dinero si ya hubiese retornado a las arcas
del Estado.
¿O será que algunos ya olvidaron el compromiso moral de pago que
entraña recibir los artículos o módulos que tan gentilmente adelantó
la Revolución para mejorar la calidad de vida de la población
cubana?
¿Qué otro país, en circunstancias tan adversas, ha llevado un
programa igual hasta los hogares más humildes o recónditos de su
geografía?
No entender esa realidad y evadir el pago huele a ingratitud. Y
nunca ha sido ese un atributo del cubano.
En todo caso vale la pena acudir a casos como los de Manatí y
Puerto Padre: dos municipios que fueron prácticamente devastados por
la furia del huracán Ike y, en cambio, puntean como los mejores del
territorio tunero en el cobro de esos electrodomésticos, con el 95,8
y 95,5%, respectivamente.