La demanda fue presentada en la ciudad General Santos, a más de mil kilómetros al sur de Manila, contra Andal Ampatuan junior, quien fue trasladado al cuartel general de la policía nacional, Camp Crame.

El acusado, que negó cualquier implicación en la matanza, se entregó a un ayudante de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, criticada por su pálida reacción ante los hechos que tuvieron lugar en la provincia de Maguindanao.

De acuerdo con investigaciones, Andal Ampatuan junior, alcalde del poblado de Datu Unsay, se encontraba al frente de los 100 hombres armados que asaltaron una oficina de la Comisión Electoral y se llevaron a todo el personal en tres furgonetas.

Horas después, se hallaron en una fosa común los cadáveres del personal secuestrado, la mayoría acribillada a tiros desde corta distancia, y seis decapitados.

Al parecer, los pistoleros eran mercenarios a sueldo y algunos estaban empleados como escoltas y guardias de seguridad de la familia Ampatuan, cuyo cabecilla quería impedir que el vicealcalde de la ciudad de Buluan, Ibrahim Mangudadatu, se presentara a los comicios legislativos de mayo próximo.

Entre las personas que perdieron la vida figuraban abogados, periodistas y familiares directos de Mangudadatu.

La ministra de Justicia, Agnes Devanadera, junto con el fiscal general Jovencito Zuno acusaron al principal sospechoso de asesinato múltiple e iniciaron las investigaciones pertinentes.

La víspera, el Centro para el Poder Popular en la Gestión de Gobierno indicó que en el archipiélago conviven 250 dinastías políticas y 160 de los 265 legisladores del actual Congreso pertenecen a esos clanes.