Esa demanda figura en la declaración final de la X Cumbre Sindical Iberoamericana, que durante dos días sesionó en esta capital con la asistencia de representantes de América Latina, España y Portugal.

El foro condenó el golpe de Estado perpetrado en la nación centroamericana el 28 de junio último y la permanencia ilegítima en el poder del gobierno de Roberto Micheletti.

El documento aprobado en la cita, que precede a la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en Estoril a partir del venidero domingo, llama a sostener la solidaridad con el pueblo y el movimiento sindical hondureños.

A juicio de los participantes en el encuentro, los comicios fijados para el día 29 pretenden certificar las graves violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática en el país centroamericano.

Los representantes de la clase obrera iberoamericana fustigaron, además, el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba hace casi medio siglo por sucesivas administraciones de Estados Unidos.

El asedio contra la isla caribeña resulta una flagrante violación a los derechos humanos, inadmisible en un orden internacional democrático y pluralista, y tal como lo ha reclamado Naciones Unidas en 18 ocasiones exigimos su levantamiento, reza el texto.

En la resolución, los más de 40 delegados de 12 países latinoamericanos, más España y Portugal, abogaron por un nuevo modelo productivo, la creación de empleo y la protección social como instrumentos indispensables para reducir el impacto de la crisis mundial.

Es imprescindible recuperar y fortalecer el papel del Estado como promotor del desarrollo y órgano impulsor de políticas para una redistribución justa de la riqueza, advirtieron.

Los dirigentes manifestaron la necesidad de comprender la debacle actual en toda su dimensión y alcance.

No se trata sólo de un problema financiero, sino de una crisis del modelo productivo, que privilegió al sistema financiero especulativo sobre el verdadero desarrollo sostenible de las naciones, denunciaron.

La definieron también como una hecatombe social y ambiental, que despojó a los pueblos de toda cohesión y del trabajo digno y deterioró todos los indicadores socio-ambientales.

Es una crisis alimentaria y energética bajo un paradigma neoliberal que se perpetúa pese a los conocidos resultados perniciosos para el sistema internacional, en especial para los trabajadores y las trabajadoras, alertaron.

La X Cumbre Sindical solicitó a los gobiernos del área la adopción de políticas que formalicen las relaciones laborales y contemplen salarios mínimos para una vida digna.

Reclamó, además, medidas para impulsar la formación profesional y, de manera más amplia, una educación pública que favorezca la inclusión de las nuevas generaciones e impida la amenaza del trabajo infantil, derivado de la pobreza en la niñez.

Censuró la denominada Directiva de Retorno de la Unión Europea y pidió en su lugar políticas de inmigración que reconozcan y respeten los derechos de los extranjeros.