Los torrenciales aguaceros, asociados a la tormenta tropical Ida y a una baja presión en el océno Pacífico, se registraron los días 7 y 8 de noviembre y provocaron deslaves e inundaciones en cinco departamentos.

Las zonas más afectadas son San Salvador y San Vicente, donde aludes de piedras y lodo sepultaron decenas de casas, sobre todo en tres comunidades ubicadas en las faldas del volcán Chinchontepec.

La catástrofe, considerada una de las peores desde el paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998, dejó un saldo de 196 muertos, 78 desaparecidos, 13 mil damnificados y cuantiosos daños en viviendas e infraestructuras.

Jorge Meléndez, director del Protección Civil, precisó que 84 de los fallecidos eran menores de edad, aunque la cifra podría aumentar en la medida en que avancen las labores de recuperación de las víctimas.

En los albergues habilitados por la emergencia, la mayoría de los internados también son niños provenientes de barrios pobres que proliferaron en el país durante décadas de políticas neoliberales aplicadas por la Alianza Republicana Nacionalista.

El estado salvadoreño invertirá 14 millones de dólares en gastos de alimentación, frazadas, colchonetas y otros artículos de primera necesidad para los afectados por las lluvias, explicó Meléndez.

Mientras, equipos médicos laboran en las zonas de desastre en el control de vectores, la atención a los pacientes y el análisis de los alimentos para evitar la proliferación de epidemias.

La Asamblea Legislativa declaró el estado de calamidad en todo el país, lo cual permitió al gobierno destinar fondos para atender la emergencia y para comenzar la reconstrucción de unas mil 500 viviendas en lugares seguros.