Según informó hoy el diputado César Navarro, al frente de ese grupo de trabajo, los extremistas buscaban reacciones sociales en ciertos sectores del oriental departamento de Santa Cruz contra el Gobierno y ellos, paralelamente, impulsar su plan de defensa.

En nuestro criterio, esos planes tenían el objetivo de dividir territorialmente al país", dijo Navarro al resumir las conclusiones del informe de la Comisión que preside en la cámara de baja.

Ese documento pide al Ministerio Público realizar gestiones ante la Cancillería y la Policía Internacional (INTERPOL), para extraditar a involucrados con el grupo armado, que se dieron a la fuga en el marco de las investigaciones.

Entre esas personas figuran Alejandro Melgar, Hugo Achá, Luis Hurtado, Lorgio Balcázar, Alejandro Brown, Ronny Hurtado, Juan Carlos Velarde, Enrique Vaca y Orlando Justiniano.

De acuerdo con el diputado por el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), el alzamiento en Santa Cruz fue financiado por individuos y grupos que querían escindir a ese territorio del resto de Bolivia.

Indicó que en el informe se va a recomendar la aplicación del Decreto Supremo relativo a la anotación preventiva de los bienes de las personas vinculadas a la banda criminal.

También recomendará al Ministerio Público investigar al empresario Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Pro Santa Cruz; y a Rubén Costas, ex cívico y prefecto del departamento, quienes fueron citados por testigos durante la investigación del caso.

La comisión parlamentaria comenzó su trabajo el 21 de abril último, seis días después del operativo policial que neutralizó a la banda encabezada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores.