El encargado de fijar la posición del gobierno ibérico fue el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, durante una intervención en el Senado (cámara alta) de las Cortes Generales.

De Laiglesia advirtió que de no cambiar el panorama político actual, en el que, denunció, se producen serías restricciones de las libertades públicas, las elecciones en la nación centroamericana no serán democráticamente aceptables.

Vaticinó que será muy difícil que el gobierno español reconozca el resultado de unos comicios que se celebrarían con un régimen golpista en el poder, el de Roberto Micheletti, y un presidente legítimo, Manuel Zelaya, encerrado en una embajada.

El diplomático aludió a la compleja situación del mandatario constitucional, derrocado el 28 de junio último por un golpe de Estado y refugiado desde el 21 de septiembre en la legación brasileña en Tegucigalpa.

A su juicio, las actuales circunstancias en Honduras se caracterizan por serias restricciones de las libertades y una situación muy delicada en el terreno de los derechos humanos.

En su explicación ante el parlamento, De Laiglesia dijo que se llevan a cabo gestiones para lograr el restablecimiento del orden constitucional resquebrajado por el gobierno golpista.