Sobre Fernández pesan denuncias por delitos de terrorismo, asociación delictuosa, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves.

Según Carrasco, en la acusación los familiares piden 30 años de pena sin derecho a indulto contra el ex prefecto acusado por la muerte de más de una decena de campesinos que fueron emboscados, torturados y acribillados por paramilitares.

La abogada acusó al ex prefecto de hacerse la víctima sólo para ganar beneficios políticos y deformar el proceso penal en su contra por la matanza, ocurrida el 11 de septiembre del 2008.

"En ningún momento el proceso penal que tiene una denuncia será estropeado, contaminado con palabras o declaraciones que se puedan decir al calor de promesas electorales", advirtió la jurista.

Tres días después del hecho, Fernández fue retenido y permanece en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, acusado de ser el autor intelectual del ataque a los labriegos, que debían participar en un acto de apoyo al presidente Evo Morales.

Pese a encarar un proceso judicial, el ex prefecto aceptó acompañar al candidato presidencial opositor Manfred Reyes Villa, por Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), con vistas a las elecciones generales de diciembre próximo.

Con anterioridad, representantes de organizaciones de derechos humanos en el Estado andino lamentaron que los autores intelectuales y materiales de los flagrantes crímenes no hayan sido juzgados aún debido a conductas protectoras de los abogados de esas personas.

Un informe del Capítulo Boliviano de los Derechos Humanos Democracia y Desarrollo afirma que esa postura alimenta la impunidad engarzada en la historia del país y silenciada por los medios de comunicación.