Luego de divulgarse el texto del mismo, los candidatos presidenciales del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, y el Partido Liberal, Rafael Pardo, consideraron que el pacto permite en la práctica la ocupación ilegal y gratuita de militares estadounidenses en el territorio nacional.

A su vez, advirtieron que este instrumento es ilegal, dado que no se articuló a la Ley colombiana.

En ese sentido Petro señaló que el pacto no contó con la autorización del Senado, ni se acató el pronunciamiento del Consejo de Estado, por lo cual se violó la Constitución y por tanto jurídicamente no existe. "Por esas razones es ineficaz jurídicamente, no existe y por lo tanto es ilegal que por este tratado ilegítimo haya una ocupación de territorio colombiano que también es ilegal", subrayó.

Asimismo, Petro pidió la víspera al presidente Álvaro Uribe que renuncie al acuerdo con Estados Unidos, pues de lo contrario se agudizarían las relaciones entre Colombia y sus vecinos.

Por su parte, Pardo dijo que más parece un acuerdo de exenciones que un convenio de carácter militar contra el narcotráfico.

Es un acuerdo de exenciones en peajes, tasas y parqueos y servicios públicos, entre otros, apuntó.

A su vez, sostuvo que "es absolutamente desproporcionado que le dediquen un secreto a un tratado con propósitos que no se conocen pero que les da todo a los gringos no solo en las siete bases militares que se han mencionado".

A tono con estas declaraciones los senadores Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, entre otros, así como el Partido Comunista manifestaron que este pacto vulnera la soberanía nacional y convierte a Colombia de hecho en un país hostil para los vecinos del área.

Igualmente, alertaron que el uso de las bases por soldados estadounidenses aislará a Colombia de América Latina, a lo que el ex presidente Ernesto Samper añadió que el mismo generará una mayor confrontación en área.

En el texto del acuerdo, que se encuentra publicado en el sitio en Internet de la Cancillería y será enviado a los gobiernos del resto del continente, queda claro que el límite pregonado de 800 militares y 600 contratistas norteamericanos en territorio colombiano, es una cifra que podría aumentar considerablemente.

Al respecto el artículo IV del pacto detalla que "las partes operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas".

De otra parte los aviones del Pentágono podrán usar para sus operaciones no solo las instalaciones militares, sino todas las pistas comerciales internacionales del país.

Ante esta realidad, Samper consideró que su país se erige de esa manera como el portaviones de la potencia norteña en el hemisferio, realidad que genera tensión y preocupación en el área.