La modificación promovida por el ejecutivo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero restringe los derechos de los ciudadanos foráneos en el país ibérico, al limitar la reagrupación familiar y endurecer los trámites para renovar los permisos de residencia.

Entre sus aspectos más controvertidos, la iniciativa oficial circunscribe la reagrupación familiar de ascendentes a personas mayores de 65 años y aumenta el plazo de retención de los extranjeros sin papeles de 40 a 60 días.

El pleno de la cámara baja dio luz verde a las modificaciones sin el apoyo del conservador Partido Popular (PP), principal fuerza opositora de esta nación europea.

Tampoco apoyaron el proyecto gubernamental, por motivos diversos, la coalición Izquierda Unida (IU), Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), Iniciativa Cataluña Verde (ICV), Nafarroa Bai y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Incluso, durante el debate parlamentario de la propuesta, que pasará ahora al Senado (cámara alta), los populares anunciaron que reformarán la ley en cuanto se les presente la oportunidad de hacerlo.

A favor de las reformas votaron el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC) y Convergencia y Unión (CyU), mientras el Bloque Nacionalista Gallego se abstuvo.

La norma, que permite a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y a entidades privadas asumir la tutela de menores extranjeros no acompañados, contó con 185 votos positivos del PSOE, CyU, CC y PNV y 146 en contra del PP, IU, ICV, ERC y Nafarroa Bai.

ICV indicó que el rechazo a la reforma cuenta, además, con el aval de la mayoría de las ONGs, asociaciones de inmigrantes y sindicatos opuestos a lo que calificó de un nuevo recorte de derechos y un ajuste de la inmigración a las necesidades productivas.

El diputado de esa agrupación Joan Herrera denunció que el proyecto supone un endurecimiento de las condiciones de vida de miles de personas y sanciona la solidaridad de los españoles que acogen a los sin papeles.

Manifestó que también constituye una carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Varias organizaciones fustigaron el aumento de las sanciones contra quienes faciliten el empadronamiento de foráneos en situación irregular y lamentaron que se mantuviera el incremento del período de internamiento para ilegales de 40 a 60 días.