En opinión del magistrado Rafael Solís, con el fallo el presidente Daniel Ortega y los 105 alcaldes sandinistas que recurrieron a la justicia para levantar las prohibiciones impuestas por las reformas constitucionales de 1995, pueden optar por la reelección.

En su dictamen los magistrados aclararon que esto solamente es válido para los ciudadanos demandantes, por lo que sólo se aplica en los casos establecidos en la resolución de la Corte, es decir a quienes recurrieron de amparo.

En esencia, los alcaldes liberales y de otras agrupaciones que no recurrieron ante la ley, hasta tanto no lo hagan y logren un fallo favorable, no podrán aspirar en las elecciones de 2011 a seguir en su puesto.

Según opinó Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, el pueblo es soberano y decide quien lo gobierna. El pueblo decidirá quien debe continuar. Nadie más puede tener la última palabra, sentenció.

Por su parte, Omar Cabeza, Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua, al abordar el fallo de la Corte, refrendado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), dijo que esto se hizo ya en Colombia y en Costa Rica, y nadie protestó ni recurrió a amenazas.

Mientras las cosas se hagan legales celebro que Nicaragua haya entrado a la modernidad, precisó.

Para Gustavo Porras, dirigente sindical y parlamentario sandinista, la Corte reafirmó que todos los nicas son iguales antes la ley y su derecho a decidir sobre quien dirige los destinos de la nación.

Al respecto, las nueve naciones miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) manifestaron su respaldo total e irrestricto a las instituciones democráticas nicaragüenses.

La medida legal tomó por sorpresa a los que adversan al gobierno del presidente Ortega, los cuales buscan hoy resquicios para contrarrestar lo que ya es considerado como una victoria popular estratégica.