Los representantes del presidente constitucional, Manuel Zelaya, aseguraron anoche que las conversaciones se encuentran en un estancamiento relativo tras tensas jornadas de propuestas y contrapropuestas.

En una declaración, denunciaron un intento de los delegados del presidente de facto, Roberto Micheletti, de pretender imponer el criterio que en el país no hubo un golpe militar el pasado 28 de junio.

El señor Roberto Micheletti -apunta- no ha demostrado voluntad política y sigue empeñado en utilizar el diálogo como un simple mecanismo de distracción política y calculada demora para ganar tiempo y prolongar su ilegal y arbitraria permanencia en el ejercicio del gobierno.

Mientras nuestra delegación da innegables pruebas de su voluntad política para llegar a un acuerdo y encontrar la salida a la crisis, el señor Micheletti pone en práctica maniobras dilatorias, planteamientos puramente formalistas, propuestas inadmisibles y, en algunos casos, insultantes y provocadoras, agrega.

Resalta que el presidente Zelaya ha hecho todas las concesiones posibles para asegurar el éxito del diálogo y la salida política de la crisis.

Señala que gracias a ello, se ha podido consensuar y firmar el 95 por ciento del Acuerdo de San José, una propuesta presentada hace tres meses por el mediador en el conflicto, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

El porcentaje restante depende exclusivamente de la voluntad política del señor Micheletti, sostiene la declaración de los representantes de Zelaya.

Indica que Micheletti es quien debe asumir la responsabilidad política y la culpa histórica por haber impedido la culminación exitosa de este generoso esfuerzo de diálogo.

El punto esencial del plan de Arias es la restitución del presidente Zelaya, en el cual las conversaciones se estancaron desde la semana pasada.

En su última iniciativa de anoche, los delegados de Micheletti se refieren a ese objetivo como la pretensión del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales.

Según explicaron, para poder alcanzar un acuerdo del asunto proponen solicitar informes sobre el asunto a la Corte Suprema de Justicia y el congreso, dos poderes del estado que apoyaron el derrocamiento de Zelaya.