Simultáneamente a la derogación de la primera medida, el Ejecutivo golpista emitió el acuerdo 124-2009 a fin de actuar contra los medios de prensa en el país, sobre la base, indica el texto, de proteger la seguridad nacional en función de los grandes intereses de la patria.

El diario local Tiempo comenta este martes que el objetivo del documento es mantener amordazada la libertad de emisión del pensamiento, en total violación del artículo 74 de la Constitución de la República, a la que el régimen militar de facto dice rendirle absoluta pleitesía.

Esa prerrogativa, refrendada por la Carta Magna, continúa pendiendo de un hilo por romperse en cualquier momento que el poder militar desee, en base a criterio propio y de particular interpretación sobre cómo proteger la seguridad nacional en función de los grandes intereses de la patria, alerta el rotativo.

Según la decisión de los golpistas, los encargados de administrar y aplicar el mencionado acuerdo ejecutivo son los órganos de defensa y seguridad y demás entes del Estado, con la ejecución a cargo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, también bajo férreo control militar, advierte Tiempo.

La normativa, precisa el periódico, viola la Ley de leyes de esta nación centroamericana, pues los materiales, las frecuencias, los equipos y enseres utilizados para la emisión del pensamiento no deben ser objeto de controles oficiales y particulares ni siquiera por orden judicial.

El modelo de seguridad nacional impuesto por el régimen de facto garantiza la inseguridad jurídica de los hondureños, tanto en lo concerniente a la libertad de emisión del pensamiento como a la tenencia y uso de los medios de producción informativa (materiales, frecuencias, equipos y enseres de la prensa, la radio y la televisión), explica Tiempo.

Mientras tanto, el diálogo para encontrar una salida pacífica a la crisis nacional permanece estancado por las maniobras obstruccionistas del gabinete golpista que encabeza Roberto Micheletti, indicaron este lunes representantes del presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Una declaración emitida por los negociadores argumenta que Micheletti sigue empeñado en utilizar el diálogo como un simple mecanismo de distracción política y calculada demora para ganar tiempo y prolongar su ilegal y arbitraria permanencia en el ejercicio del gobierno.