Al fundamentar la decisión, los integrantes de la SCJ consideraron, entre otros aspectos, que la normativa declarada ilegal impedía el derecho de las víctimas y las familias de acceder al sistema judicial para castigar a los culpables.

El ente reconoció además que la legislatura violentó los artículos cuatro, 82 y 233 de la Constitución de la República, así como diversas normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo.

La SCJ recordó que la Ley de Caducidad fue impugnada anteriormente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al momento de ser notificada, la fiscal Mirtha Guianze señaló "me congratulo de la Suprema Corte de Justicia".

La Coordinadora Nacional por anular la Ley de Caducidad convocó para este martes aquí una gran marcha, en apoyo del plebiscito fijado junto con los comicios del próximo 25 de octubre para invalidar esa normativa.

Los organizadores del desfile están confiados en que la inmensa mayoría de los electores uruguayos vote Sí en el referendo del venidero domingo por la nulidad de la normativa jurídica, conocida también como Ley de Impunidad.

Aprobada en 1986 con los votos legislativos de los partidos Nacional y Colorado, y la oposición del hoy gobernante Frente Amplio, la disposición impide juzgar a ex militares y policías violadores de los derechos humanos en tiempos dictatoriales (1973-1985).