CARACAS, 15 de octubre (PL) — Venezuela proyecta para 2010 un
presupuesto de 159 mil millones de bolívares (73 mil 953 mil
millones de dólares) con prioridad para la inversión social y el
crecimiento de la economía, informaron hoy fuentes parlamentarias.
El presidente de la comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino,
adelantó que entre sus premisas se prevé un 0,5 por ciento de
crecimiento del producto interno bruto (PIB).
También se mantiene el precio estimado de 40 dólares por barril
para el petróleo, principal fuente de ingresos del país
suramericano, con una proyección de producción de tres millones 200
mil barriles diarios y una exportación de dos millones 660 mil
barriles por día.
En entrevista con el canal ANTV, Sanguino expuso que se prevé 22
por ciento de tasa de inflación y el mantenimiento de la relación
bolívar-dólar en 2,15, sin posibilidad de devaluación.
La cifra del endeudamiento total (externo e interno) se
estableció en 35 mil millones de bolívares (16 mil millones 279
dólares).
Como establece la Constitución y la Ley de Administración
Financiera del Sector Público, la Oficina Nacional de Presupuesto
entregó ayer al parlamento el proyecto de presupuesto y
endeudamiento del ejercicio fiscal 2010.
El monto es similar al del presente año luego de haber sido
ajustado durante el primer trimestre de 2009 con motivo de la caída
de los precios del petróleo que lllevó a recalcular los ingresos a
40 dólares por barril de petróleo, en lugar de los 60 dólares
iniciales.
Sanguino indicó que los cálculos se realizaron bajo un criterio
conservador y apuntó que el próximo martes 20 de octubre la Asamblea
Nacional recibirá al ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez,
quien explicará los detalles.
Para el 27 de octubre se programó la primera discusión de las
leyes de presupuesto y endeudamiento y para el día 28 la comisión de
Finanzas recibirá a Rodríguez, al ministro de Energía y Petróleo,
Rafael Ramírez y titulares de otros organismos.
Precisó que con el nuevo presupuesto se sigue aspirando a seguir
avanzando en la inclusión social, mediante la garantía de entregas
de los recursos destinados a salud, vivienda, alimentación,
seguridad social y programas sociales.