.— Las elecciones generales en
Honduras, previstas para el próximo mes, siguen en riego por el
golpismo, aunque hoy avanzan las negociaciones para hallar salidas a
la crisis que desató la asonada castrense.
Numerosos sectores de la sociedad civil agrupados en el Frente
Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado indicaron que, de
mantenerse las actuales condiciones, desconocerán los resultados de
los cercanos sufragios.
En la mesa de diálogo, abierta el pasado 7 de octubre, los
representantes del presidente constitucional Manuel Zelaya y del
gobernante de facto Roberto Micheletti acordaron no adelantar los
comicios como se había propuesto y mantener la fecha del 29 de
noviembre.
Ese y otros cuatro puntos acordados podrían quedar en cero si los
golpistas persisten en impedir el retorno del mandatario depuesto
por la fuerza el 28 de junio último, valoró el coordinador general
del Frente, Juan Barahona.
La restitución del dignatario constituye el punto clave de las
negociaciones que se retoman este martes y, a la vez, el tema más
polémico, "con posiciones encontradas y hasta ahora
irreconciliables", evalúa el diario local Tiempo.
En opinión de Zelaya, las elecciones pueden prestarse para un
fraude si prosigue una tiranía con represión; además los resultados
en las urnas serán desconocidos por la comunidad internacional.
Si llegamos a las elecciones sin un arreglo, lo que pasará es que
se va profundizar la crisis, será un gobierno débil, espurio ,
consideró el jefe de Estado en declaraciones al Canal 11 de
televisión.
A los ojos de la canciller Patria Rodas, la situación hondureña
se agrava cada día en medio del actual proceso de diálogo, abierto
por la gestión mediadora de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
La integrante del gabinete de Zelaya denunció ayer en las
Naciones Unidas que el régimen de facto, instalado aquí hace más de
100 días, trata de utilizar las elecciones para legitimar el golpe
de Estado y el régimen impuesto por la fuerza de las armas.
Los comicios, estimó la jefa de la diplomacia, son un derecho
conquistado por los ciudadanos y no una forma de legitimar asonadas
ni situaciones inconstitucionales.
Mediante los sufragios generales deben quedar electos el nuevo
presidente de la República, tres designados presidenciales
(vicepresidentes), 128 diputados, 298 alcaldes, 20 integrantes del
Parlamento Centroamericano y los suplentes en varias estructuras
para un total de casi tres mil cargos.