La demanda fue expuesta ante la prensa por la canciller del gobierno constitucional hondureño, Patricia Rodas, quien aseguró que medidas de ese tipo afectarán los intereses económicos, comerciales y militares de quienes mantienen a los golpistas.

Las principales figuras detrás de la asonada del 28 de junio son empresarios y pueden ser castigados sin que esas medidas ahoguen a la economía nacional, indicó la ministra en conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.

La petición de sanciones presentada por Rodas hizo mención especial al gobierno norteamericano, al cual reclamó acciones de ese tipo, en particular a los grupos de exportadores que sostienen al gobierno de facto.

Recordó que no menos del 70 por ciento del comercio hondureño se realiza con Estados Unidos y que igual proporción de las inversiones pasan por el Tesoro norteamericano.

Sostuvo que el aparato armado en Honduras aún se beneficia de convenios de ayuda de gobiernos que afirman haber suspendido toda asistencia militar, pero no retiran las bases "y sabemos que todavía les envían armas".

Rodas explicó que la situación hondureña se agrava cada día en medio del proceso de diálogo impulsado por la Organización de Estados Americanos, el cual, afirmó, enfrenta obstáculos levantados por el régimen de facto.

También denunció la negativa de los golpistas a aceptar la restitución del presidente constitucional, José Manuel Zelaya, quien se encuentra en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Asimismo, los acusó de violar la integridad de esa sede diplomática y del propio Zelaya a través de un asedio permanente de policías, militares y francotiradores.

La ministra rechazó con fuerza la intención de las autoridades de facto de utilizar el proceso electoral hondureño para legitimar el golpe de Estado y al régimen impuesto por la fuerza de las armas.

Los comicios son un derecho conquistado por los ciudadanos y no una forma de legitimar asonadas ni situaciones inconstitucionales, apuntó.

Rodas llamó con urgencia a la comunidad internacional para que permanezca firme en el no reconocimiento del régimen y por el castigo de los culpables de las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano.