En octubre del pasado año 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas llamó una vez más a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Fue la reiteración de un llamado repetido durante 17 años consecutivos.

En histórica votación de 185 votos a favor, la comunidad internacional condenó ese acto criminal y genocida que durante cinco décadas ha sido instrumento de agresión para doblegar por medio del hambre, las enfermedades y la escasez de recursos, la resistencia del pueblo cubano y su mayoritario apoyo a la Revolución.

El bloqueo económico viola el derecho internacional, transgrede los principios de la Carta de las Naciones Unidas, constituye un acto de agresión y amenaza, e implica un atropello al derecho de un pueblo entero a vivir en paz.

Cuando muchos en el mundo pensaban que la elección de un nuevo presidente en los Estados Unidos creaba las condiciones para empezar a desmontar esa cruel política, poco ha cambiado. Diez meses después de asumir el nuevo mandatario, el bloqueo se mantiene intacto.

La decisión del presidente Obama, hace dos semanas, de ratificar la vigencia de las sanciones económicas contra Cuba, bajo el argumento de que "es de interés nacional", al amparo de la obsoleta Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada en 1917 para enfrentar situaciones de guerra, refleja que la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca no ha significado ningún cambio en la aplicación del bloqueo y no se ha emprendido acción alguna para eliminar esa política.

Durante el presente año han continuado las persecuciones a empresas y compañías extranjeras que tienen o quieren tener negocios con nuestro país. Las autoridades norteamericanas persiguen, congelan y confiscan las transferencias de terceros países en dólares estadounidenses y otras monedas, dirigidas a entidades y nacionales cubanos.

El daño económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación de esta política hasta diciembre de 2008, calculado de modo muy conservador, asciende a una cifra que supera los 96 mil millones de dólares, cifra que ascendería a 236 mil 221 millones de dólares, si el cálculo fuera realizado a los precios actuales del dólar.

Mientras tanto, Cuba sigue siendo el único país del mundo al que los ciudadanos norteamericanos no pueden viajar libremente y si lo hacen corren el riesgo de ser procesados y sancionados. Bajo este precepto, miles de estudiantes, trabajadores, artistas, científicos y hombres de negocios se ven obligados a pedir una licencia especial que en la mayoría de los casos es denegada, privando a ambos pueblos del beneficio que traería el intercambio académico, científico, cultural y social entre los dos países.

Muchos ejemplos de la aplicación metódica y sistemática de esta política se pueden encontrar en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al 64 período de sesiones de la Asamblea General, que demuestra el incumplimiento reiterado de la resolución adoptada en esa instancia el pasado año.

Hace sólo unas semanas, en ese mismo escenario de Naciones Unidas, más de una treintena de Jefes de Estado o de Gobierno y Cancilleres de todo el mundo levantaron sus voces exigiendo poner fin a esta política agresiva de Estados Unidos, como ha sido reiterado en los más diversos foros internacionales, entre ellos el Grupo de Río, la Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, y más recientemente en la Cumbre África-América Latina.

El Gobierno de Cuba, en nombre de su pueblo, principal víctima de esta política genocida, ha vuelto a presentar este año ante la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución que insta al gobierno de los Estados Unidos a poner fin al bloqueo y a la guerra económica contra nuestro país, el cual será examinado el próximo 28 de de octubre.

La Comisión de Relaciones Internacionales, reunida en sesión conjunta con las directivas del resto de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, solicita a todos los parlamentos, parlamentarios y pueblos del mundo, pedir a sus respectivos gobiernos el apoyo a esta nueva resolución y a exigir al Congreso y al Gobierno de Estados Unidos que respeten el mandato de la comunidad internacional y cesen definitivamente la aplicación de este acto de agresión unilateral que dura ya cincuenta años.