Desde 2003 varias organizaciones de derechos humanos en este país han intentado llegar hasta esas evidencias sobre la base del Acta de Libertad de Información, pero la Casa Blanca siempre se opuso.

En un inicio el presidente Barack Obama se mostró dispuesto a difundir los rastros gráficos de maltratos a prisioneros, sin embargo luego cambió de opinión pese a que dos cortes federales -en 2005 y 2008- ordenaron la publicación.

La Asociación Nacional de Libertades Civiles llevó el caso hasta la Corte Suprema y se supone que el próximo martes haya un pronunciamiento legal con respecto al polémico asunto.

Dos psicólogos estadounidenses, que le vendieron tratados sobre torturas a la CIA, podrían en breve resultar implicados en una investigación judicial, reseñó antes el diario The New York Times.

Jim Mitchell y Bruce Jessen vieron en 2002 una oportunidad de negocios y encontraron un buen cliente en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que pagó millones de dólares por las investigaciones.

Autoridades afirman que los militares retirados y especialistas en comportamiento humano son los creadores del polémico sistema de interrogatorio patrocinado durante el gobierno de George W. Bush.

Sin embargo, en época de Obama y bajo la presión internacional, el programa cayó en desgracia y hasta el fiscal general, Eric Holder, se pronunció oficialmente en su contra.